En una declaración pública, la empresa ha declinado valorar la sentencia hecha pública el pasado día 5 y expresa el "más profundo respeto y consideración" hacia la resolución de la Justicia, si bien defiende que en la edificación del inmueble se atuvo "al más escrupuloso cumplimiento" de la ordenación vigente aprobada e informada hasta ese momento en materia urbanística, turística y medioambiental.
En una cronología adjunta al comunicado, la sociedad asume la argumentación ofrecida desde la Junta de Andalucía para contrarrestar las acusaciones contenidas en la sentencia. El juez encargado del caso tildó de "burda maniobra" la sustitución de la planimetría oficial del parque natural Cabo de Gata-Nijar, mientras la Junta alega que no se "subsanó un error cometido en la publicación de esa cartografía en 1994".
En concreto, la sentencia señala que el Gobierno andaluz cambió los planos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar publicados oficialmente en BOJA de 22 de diciembre de 1994 por otra para "orillar la limitación que imponía" y permitir la obra en terrenos de especial protección "no compatibles con el uso urbanístico".
Al hilo de esto, Azata del Sol esgrime que la confrontación entre el proyecto y la aplicación de la Ley de Costas, que generó el expediente de expropiación por invadir el inmueble la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre proviene de que el Ayuntamiento no adaptó el Plan Parcial publicado en agosto de 1988 —que establecía una distancia de 20 metros— a la citada normativa con entrada en vigor un mes antes.
Cuestionamiento del marco jurídico
Azata del Sol lamenta, en palabras de su portavoz, Antonio Baena, la "crítica situación" en que ha derivado el fallo para "las muchas empresas y trabajadores que hemos participado en el desarrollo de este proyecto urbanístico" y advierte de que se ha cuestionado "el marco jurídico en que se enmarcaba y confiaba". Tras expresar que la mercantil "sigue creyendo" en la oportunidad del citado proyecto, "promovido y apoyado por las tres administraciones públicas", según enfatizó, Baena atribuyó al hotel "un fin social de interés general y medioambiental".
