Un campo que, en principio, debería resultar ajeno no sólo al agente de viajes, sino a cualquiera de nosotros, que, como ciudadanos, tenemos derecho a contar con una normativa clara, concisa y estructurada que permita comprenderla y poder aplicarla sin problemas.
Sin embargo, y contrariamente a toda lógica, debemos enfrentarnos a un galimatías normativo, con constantes remisiones a otras normas, que con un gran margen de interpretación provocan una enorme confusión, no solo en el ciudadano de a pie, sino incluso entre nosotros, los juristas.
Debemos enfrentarnos a un galimatías normativo, con constantes remisiones a otras normas
Y todo ello aderezado con las declaraciones de algunos políticos que no hacen sino contribuir a ese tremendo desorden y que, omitiendo parte de la información, realizan manifestaciones en televisión o en cualquier otro medio que, lejos de aclarar, enredan más la cosa.
Ahora bien, abordando el caso concreto que nos ocupa, lo cierto es que nos encontramos esta Semana Santa con unos cierres perimetrales de todas las comunidades autónomas que impiden abandonarlas, excepto por aquellos motivos que se encuentran taxativamente determinados y entre los que sin entrar a valorar lo acertado o no de la restricción desgraciadamente no se encuentra el turismo.
Igualmente, debemos tener en cuenta, que, al margen de las restricciones de movilidad establecidas entre las provincias y comunidades autónomas, se encuentran las restricciones para viajar a otros países, también de obligada observancia en caso de desplazamientos. Y, por supuesto, que en el país de destino no rijan barreras de acceso por razones sanitarias.
Por tanto, para que un español pueda viajar al extranjero, se han de cumplir ambos requisitos: que no tenga restricciones nacionales de salida (cierre perimetral de su provincia y/o comunidad autónoma) y que el país de destino no cuente con restricciones de entrada.
Que los organismos oficiales correspondientes hubiesen elaborado un mapa de posibles destinos, actualizable diariamente, que reflejara, por ejemplo, cuestiones tales como los países con los que se cuenta con conectividad aérea autorizada, los que exigen requisitos adicionales de ingreso (tales como PCR, o cuarentenas), o aquellos sobre los que pesan restricciones al regreso, y lo hubiesen combinado con las posibles restricciones que pudieran existir a nivel nacional, sería un plus que a simple vista podría ofrecer una visión clara y completa de sus posibilidades de movilidad al ciudadano.
Sin embargo, además de carecer de dicha herramienta, ante la pregunta a fuentes oficiales de si un ciudadano español puede viajar al extranjero esta Semana Santa, la respuesta que se está facilitando en algunos casos no abarca ambos requisitos, sino que aborda la cuestión desde uno solo de sus lados, sin precisar que la respuesta se refiere únicamente a uno de los ámbitos, lo que lleva a alimentar la confusión en mayor medida.
Y así, los clientes que quieren salir de viaje esta Semana Santa, y acuden a su agente de viajes para que les informe sobre si pueden o no hacerlo se encuentran con que, por muy diligente que éste haya sido, no puede ofrecerles una respuesta única y clara. Y es que, por muchas fuentes oficiales que haya consultado, se da la paradoja de que no todas coinciden en la interpretación, u ofrecen una información sesgada o incompleta y que, finalmente, conteste lo que conteste, está asumiendo un riesgo y una responsabilidad que no le corresponden.
Las circunstancias que desde hace tantos meses venimos atravesando ha tenido al Sector Turístico entre los más afectados, con consecuencias que durarán en el tiempo y exigirán mucho esfuerzo superar.
No se trata ahora de enjuiciar si hubiera podido ser de otro modo con decisiones de otra índole, ni reclamar los apoyos que en otros países ha habido. Pero proporcionar marcos normativos claros y estables y facilitar sobre ellos, si se requiere, información actualizada y concreta, parece de esas obligaciones indeclinables del poder público, y de las que ni siquiera tienen una dependencia directa de los presupuestos generales del Estado.
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