Las opiniones del abogado no son vinculantes, aunque el Tribunal de Justicia sigue sus dictámenes en un 80% de los casos. Los jueces empezarán a partir de ahora a deliberar y posteriormente darán a conocer su sentencia. Jääskinen critica el "trato discriminatorio dado a los nuevos operadores en el mercado ferroviario español, que se ven desfavorecidos con respecto al operador histórico que se beneficia de un acceso preferencial a la infraestructura". Este acceso prioritario solo estaría justificado si se hubiera firmado un acuerdo marco, cosa que no ha ocurrido, según señala el dictamen.
Asimismo, señala que España se ha reservado el derecho a fijar el canon por el uso de las vías de tren y a adjudicar la capacidad de infraestructura. Ello vulnera, según el abogado, la legislación comunitaria, que atribuye estas competencias al administrador independiente de infraestructuras. Finalmente, tampoco se ha cumplido la obligación de establecer un sistema de mejora del funcionamiento dirigido a reducir al mínimo las perturbaciones y aumentar la eficacia de la explotación de la red ferroviaria.
