España atraviesa uno de los periodos de mayor fortaleza turística de su historia. En 2025 el país recibió cerca de 96,8 millones de turistas internacionales, que generaron un gasto superior a los 134.700 millones de euros, mientras que los establecimientos hoteleros registraron 366,7 millones de pernoctaciones y el alojamiento extrahotelero alcanzó los 146,3 millones. En este escenario, el alquiler vacacional se ha consolidado como una oferta complementaria dentro del sistema turístico, especialmente en destinos con alta estacionalidad, limitada capacidad hotelera o una fuerte demanda de estancias familiares y flexibles.

Según un análisis elaborado por GuestReady a partir de datos oficiales y fuentes sectoriales, una eventual prohibición o desaparición generalizada del alquiler vacacional podría afectar a la competitividad turística de numerosos destinos, reduciendo la capacidad para absorber picos de demanda y limitando la distribución del gasto turístico en el territorio. El estudio recuerda que en noviembre de 2025 existían 329.764 viviendas turísticas activas en plataformas digitales, equivalentes al 1,24% del parque residencial español, una cifra que además se redujo un 12,4% respecto al año anterior.

El informe señala a Barcelona como uno de los principales ejemplos del debate actual sobre vivienda y alquiler turístico. En la capital catalana, las viviendas turísticas legales representan aproximadamente el 1% del parque residencial, mientras que factores como la escasez de nueva construcción, la existencia de viviendas vacías, la presión fiscal o la falta de oferta residencial tienen un peso mucho mayor en la evolución de los precios del alquiler. De hecho, el análisis destaca que los alquileres han continuado aumentando pese a la moratoria de nuevas licencias vigente desde 2014.

GuestReady advierte de que la eliminación de esta modalidad de alojamiento tendría efectos más amplios que los relacionados con la vivienda. Según el estudio, el alquiler vacacional aporta flexibilidad al sistema turístico y resulta especialmente relevante en destinos insulares, zonas costeras, municipios con menor planta hotelera y áreas que afrontan fuertes incrementos de demanda durante temporadas altas, eventos internacionales o periodos vacacionales.

El impacto también alcanzaría a la economía local. En el caso de Barcelona, datos de Apartur recogidos en el informe estiman que la actividad asociada a los pisos turísticos legales genera alrededor de 40.000 empleos directos, indirectos e inducidos vinculados a sectores como la restauración, el comercio, el transporte, la limpieza o los servicios de mantenimiento. Además, esta oferta resulta especialmente relevante para segmentos como el turismo familiar, los congresos y los viajeros que demandan formatos más flexibles que el alojamiento hotelero tradicional.

Otras soluciones

El análisis concluye que los problemas de acceso a la vivienda responden principalmente a factores estructurales como el crecimiento de los hogares, la escasez de vivienda social, la limitada construcción de nuevos inmuebles y las restricciones urbanísticas. Por ello, GuestReady considera que las soluciones deben centrarse en aumentar la oferta residencial, movilizar viviendas vacías, reforzar la seguridad jurídica y combatir la actividad ilegal, diferenciando claramente entre operadores profesionales y usos irregulares.

La compañía defiende que el futuro del sector pasa por una regulación más eficiente y basada en datos. En lugar de apostar por prohibiciones generalizadas, propone avanzar hacia un modelo sustentado en registros eficaces, intercambio de información con plataformas, estándares operativos, fiscalidad transparente, seguros, sistemas de atención a incidencias y controles efectivos contra la oferta ilegal. En palabras de Lorenzo Ritella, Country Manager de GuestReady en España, “España no dejaría de recibir turismo sin los alquileres vacacionales, pero sí perdería capacidad flexible; el reto no es regular más una parte reducida del parque, sino hacerlo mejor, con datos, seguridad jurídica y control de la oferta ilegal”.