La enésima suspensión de rutas por parte de la aerolínea de bajo coste Ryanair en España ha vuelto a poner en el foco un debate crucial y recurrente que, como he sostenido en mis tribunas durante años, va mucho más allá de las cifras de mercado. No se trata de un simple ajuste comercial de una empresa privada; es el síntoma de una patología profunda en nuestra visión estratégica como país. La pérdida de enlaces fundamentales, en especial para territorios insulares y ciudades periféricas, exige un análisis sereno y riguroso.
Lejos de las narrativas simplistas que la propia compañía aérea y algunos medios intentan imponer, la realidad es mucho más compleja. Y de ello he tenido oportunidad de conversar con empresarios del sector, profesionales de las bases aeroportuarias y ejecutivos que me han confirmado algo evidente: detrás de estos movimientos se esconde un conflicto laboral larvado y un preocupante desprecio por las normas de juego y, en no pocas ocasiones, una total falta de consideración hacia los derechos fundamentales. El modelo de negocio de algunas aerolíneas, basado en la maximización del beneficio a cualquier precio, choca de frente con la sostenibilidad social y económica de una red de transporte que es la columna vertebral de nuestra economía.
Resulta paradójico que, mientras ahora se asfixian conexiones vitales achacando el hecho a las tarifas, AENA haya aplicado una política de reducción de tasas aeroportuarias durante los últimos quinquenios, precisamente para fomentar el crecimiento del tráfico aéreo. Este hecho, sumado a la incuestionable excelencia de nuestra red de aeropuertos, la mejor de Europa por su capilaridad, tecnología y eficiencia, demuestra que la infraestructura no es el problema. El verdadero desafío reside en la falta de un proyecto de país cohesionado. En este escenario, la vocación de servicio de las compañías aéreas españolas, que han sabido mantener su compromiso más allá del mero beneficio cortoplacista, debe ser reconocida como un pilar estratégico.
Las consecuencias de esta suspensión no son meras conjeturas; son una realidad tangible que golpea directamente a ciudades como Tenerife, Santiago de Compostela y Vigo. La anulación de sus conexiones directas no es solo una incomodidad para el viajero; es un golpe al corazón de sus economías, un freno al turismo, una amenaza a los puestos de trabajo en el sector servicios y la hostelería, y un factor de aislamiento. Estos perjuicios, ya constatados, deben ser la motivación para actuar con la máxima diligencia.
Es hora de dejar atrás los enfrentamientos estériles y mirar al futuro con una visión de Estado. La conectividad aérea es un asunto de soberanía, no un arma política. La solución pasa por un gran pacto de Estado que defina un modelo de transporte aéreo para las próximas décadas. Este acuerdo debe trascender las políticas de una compañía y enfocarse en el consenso entre todas las partes: la administración, las autoridades aeroportuarias, las aerolíneas y los representantes de los trabajadores. El objetivo es claro: garantizar un servicio público de calidad, asegurar la estabilidad laboral y fortalecer una red que es motor de nuestro turismo y un factor de cohesión territorial indispensable.
Parafraseando a Pericles: «No creemos que la discusión perjudique la acción, sino que la acción se perjudica si no se prepara mediante la discusión«.
Alberto Barciela
Periodista
Miembro de la Mesa del Turismo de España
Noticias relacionadas
