Así lo ha desvelado el Partido Popular (PP) haciendo público el documento del pasado 27 de octubre, en el que el Pazo de Congresos de Vigo S.A. —concesionaria compuesta por Sacyr, Puentes y Novacaixagalicia— denuncia que el Gobierno municipal no ha cumplido el acuerdo que le obligaba a aprobar definitivamente el Plan Económico-Financiero (PEF) del auditorio en un plazo determinado, que finalizó el pasado mes de junio. Sin este documento económico, alega la empresa, la concesión es "inviable" desde el punto de vista financiero y se imposibilita la explotación de la obra.
Además, también señala que, si continúa la ejecución del contrato sin el PEF, la concesionaria estaría incumpliendo el pliego de condiciones. Por este motivo, la sociedad ha reclamado la resolución del contrato y una indemnización, cuya cantidad no especifica en su escrito.
En todo caso, el PP ha augurado que se trataría de una compensación millonaria, habida cuenta de que la concesión se aprobó inicialmente para 35 años, y se contemplaban unos beneficios netos de explotación para este tiempo de 9,6 millones de euros. Se da la circunstancia de que el proyecto de obra del auditorio tuvo que ser modificado para ajustarlo al presupuesto de 82 millones de euros (el coste se disparó, por el precio de los materiales, hasta 151 millones), con lo que se redujo espacio comercial, y también plazas de aparcamiento. Esto hizo que también hubiera que elaborar un nuevo Plan Económico-Financiero.
Respuesta del alcalde
Preguntado por esta cuestión, el alcalde, Abel Caballero, ha explicado que el PP "es una calamidad, no trabaja y tarda en enterarse de las cosas". Efectivamente, ha reconocido que ese escrito de la empresa entró por el registro, pero ha precisado que ya hubo contestación por parte de la concejal de Economía y Hacienda, Raquel Díaz, el 10 de noviembre.
Según ha precisado, el planteamiento de la sociedad concesionaria ha sido rechazado, ya que la aprobación del PEF "todavía está en plazo". "Se está elaborando en función de los intereses de la ciudad, y no de la empresa", ha puntualizado el regidor que, no obstante, no ha confirmado si ese plan incluirá la ampliación de la concesión a 60 años, y el pago de una subvención de cinco millones de euros, tal y como ha pedido la empresa.
Caballero se ha mostrado "satisfecho" con el "buen trabajo" de la concesionaria, y ha enmarcado su escrito pidiendo la rescisión del contrato dentro "de los trámites normales". "Es un proceso de rutina jurídica", ha afirmado, y ha recordado que "es normal que la empresa defienda sus intereses".
