La Comisión Europea ha abierto una investigación al Gobierno de España
La Comisión de Interior ha dado luz verde a la moción del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la que se exigía la derogación del Real Decreto 933/2021 relativo al registro documental de viajeros impuesto desde el pasado 2 de diciembre. Una medida más del Gobierno en su afán por controlarlo absolutamente todo, no solo quieren controlar las instituciones, como lo están haciendo, ahora van más allá queriendo tener controlados a los españoles que disfrutan de su tiempo libre haciendo Turismo y a los que nos elijen para sus vacaciones, denuncia el portavoz de Turismo del Grupo Popular, Agustín Almodóbar.
A su parecer, el Real Decreto 933/2021 está generando un caos sin precedentes, al tiempo que califica la iniciativa como desproporcionada y de imposible cumplimiento. El senador por Alicante señala que el Gobierno está imponiendo una norma, sin que el propio Gobierno esté preparado para ponerla en marcha.
Por otra parte y contando con que la norma entró en vigor sin que hubiera una Orden Ministerial que aclarase su desarrollo, Almodóbar recuerda que el Real Decreto llegó sin recoger absolutamente ni una sola de las peticiones del Sector. Así, el dirigente popular denuncia la «ausencia total de diálogo» por parte del Ejecutivo con el Sector, quienes pidieron activar una nueva moratoria para clarificar el nuevo escenario, que fue ignorada.
El Gobierno ha seguido adelante con su imposición, como todo lo que hace, sin escuchar ni dialogar con absolutamente nadie, lamenta. Además, el senador asegura que la mayoría de las agencias de viajes de España son pymes e implementar estas exigencias incrementa el coste operativo y la complejidad de gestión, algo que muchas empresas no pueden asumir.
En el caso de las agencias, que han pedido su exclusión, la mayoría, con un único empleado, tendrían que ampliar horarios de trabajo o contratar profesionales exclusivamente dedicados a esta función de transmisión de datos, o realizar un importante esfuerzo en ciber seguridad, lo cual exige una inversión económica fuera del alcance de muchas de estas empresas, explica el portavoz.
Peticiones e investigaciones
Recientemente en el marco de FITUR, el pasado 23 de enero, CEAV, UNAV, ACAVE y FETAVE, las grandes patronales de agencias de viajes que representan a la totalidad del Sector, entregaron al Ministerio de Industria y Turismo un manifiesto en el que recalcaban nuevamente su total desacuerdo con el Real Decreto 933/2021, así como con el proyecto de Orden Ministerial de desarrollo y ejecución, afirmando en el mismo que el Gobierno español sigue desoyendo las legítimas peticiones del Sector».
Cabe destacar también que la Comisión Europea ha abierto una investigación al Gobierno de España para evaluar una presunta vulneración de la normativa europea de protección de datos con la entrada en vigor de este registro documental. Concretamente, el comisario de Justicia, Michael McGrath, a través una carta escrita, ha reconocido estar evaluando esta normativa.
Mientras resuelve esta investigación, McGrath ha manifestado que el objetivo de la Comisión es precisamente reducir la carga administrativa del Sector Turístico un 25%, no aumentarlo: La Comunicación de la Comisión establece el objetivo de reducir en un 25% las cargas asociadas a los requisitos de información, sin socavar los objetivos políticos de las iniciativas en cuestión.
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