Según la CNMC, el actual Reglamento sobre ese tipo de viviendas, aprobado el pasado 22 de mayo por el Gobierno canario, perjudica a los usuarios y privilegia injustificadamente a las empresas ya instaladas, "al crear barreras a la entrada a los operadores en el mercado de viviendas vacacionales y limita su capacidad de competir", ha argumentado el organismo de la competencia.
El nuevo reglamento establece, por ejemplo, que las viviendas que ya se ofrecían como vacacionales antes de la entrada en vigor del Reglamento se excluyen de su ámbito de aplicación. También se prohibe el alquiler por habitaciones, lo cual para la CNMC es "contrario al derecho del empresario de organizar su actividad".
Además, las viviendas de nueva construcción tendrán que soportar mucho más requisitos en cuanto a dimensiones y equipamiento, lo que "supone una carga innecesaria para los operadores que incrementa los costes", asegura la CNMC.
Una lastra para la innovación
"Todas estas medidas elevan injustificadamente los costes de entrada en el mercado, desalentando a algunos operadores que ya estaban participando en el mercado con nuevos modelos de prestación de servicio y a otros potenciales oferentes", concluye la CNMC, que ha advertido de que esta legislación también tendrá efectos negativos "en las posibilidades de innovación por parte de los operadores".
De no suprimirse "dentro del plazo legal establecido" las disposiciones afectadas, la CNMC ya ha avisado que interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
