La norma introduce fuertes restricciones al alquiler de las viviendas para uso turístico.
La CNMC ha analizado el proyecto de Reglamento regulador de los servicios de viviendas de uso turístico del Consejo Insular de Formentera. En términos generales, debe fundamentarse mejor el proyecto de regulación sobre la base de los principios de buena regulación económica (necesidad, proporcionalidad y no discriminación).
El proyecto de regulación plantea prohibiciones y fuertes restricciones sobre la actividad de las viviendas de uso turístico. Por ello, no basta con que se mencionen genéricamente las razones que motivan tales medidas restrictivas (presión sobre el territorio, la ausencia de regulación supone un detrimento del servicio, una deficiente calidad, intrusismo y competencia desleal). Los principios de buena regulación exigen que cuando las Administraciones públicas planteen restricciones sobre la actividad económica, se basen en estudios rigurosos que acrediten la necesidad de tales prohibiciones y descarten la existencia de medidas menos restrictivas para lograr las mismas finalidades.
La CNMC, además, ha realizado las siguientes recomendaciones al Consejo Insular para mejorar la regulación proyectada:
- No prohibir el alquiler por habitaciones. El Tribunal Supremo ha considerado que este tipo de restricciones no está justificada.
- Replantear la división en zonas y los cupos para las viviendas de uso turístico. Estas medidas son altamente restrictivas, por lo que deben justificarse adecuadamente. Pese a que se persigue asegurar la sostenibilidad medioambiental, económica, social y turística de la isla, la prohibición de ubicarse en determinadas zonas de la isla solo se aplica a las viviendas turísticas y no a otros establecimientos turísticos tradicionales; por ello, se recomienda justificar esta diferencia de trato. Por otra parte, la CNMC ha considerado que, si se pretende corregir externalidades, es preferible utilizar otros mecanismos más proporcionados que los cupos, como pueden ser las tasas.
- Eliminar la prohibición de alquilar más de 60 días. Se recomienda replantear esta prohibición porque no tiene justificación aparente. Prohibir que las viviendas se alquilen más de 60 días al año previsiblemente impedirá que se alquilen durante las épocas de menor afluencia turística, lo que no parece justificado por las razones invocadas en el proyecto.
- Evitar un régimen de autorización de facto. Pese a que el proyecto apuesta por un régimen de declaración responsable para las viviendas de uso turístico, añade una serie de requisitos que, de facto, lo convierten en un régimen de autorización.
- Replantear las exigencias de domicilio y seguros. El proyecto exige a las comercializadoras de viviendas turísticas disponer de un domicilio en la isla y de un seguro de 300.000 euros. Estas exigencias no parecen justificadas.
- Replantear la exhaustividad de las prescripciones técnicas. El proyecto de reglamento recoge un exhaustivo catálogo del equipamiento mínimo (dimensiones mínimas de las estancias, la fijación del equipamiento básico de la sala de estar, el mobiliario mínimo de dormitorios, baños y cocina). Esta regulación tan detallada carece de justificación desde la óptica de los principios de buena regulación.
