Así, "algunas empresas de dicho sector, con la mala praxis de ‘prefiero ajustar el salario del trabajador que perder cuota de mercado’, han decidido no ajustarse a la ley, aún a sabiendas de perjudicar no sólo a los trabajadores, sino a empresas de su competencia establecidas desde hace muchos años en el sector turístico" "Eso conlleva el consiguiente daño sustancia en la imagen y servicio de los establecimientos que contratan a este tipo de empresas", señalan.
Responsables subsidiarios
Asimismo, desde la AEDH recuerdan que las empresas de hotelería y hostelería que eligen estos servicios son responsables subsidiariamente de estas prácticas, por lo que deberían solicitar toda la información sobre la situación laboral de los trabajadores, su formación, etc.
"Se están empezando a realizar las primeras inspecciones, no sólo en las referidas empresas, sino en los propios centros de trabajo", agregan desde la AEDH, lo que no sólo perjudica a los hoteleros y hosteleros, también al propio cliente, que ve cómo la calidad de lo que le ofrecen no se ajusta a las expectativas de lo que ha contratado". "Las multas a los expedientes ya abiertos que se pueden encontrar, no sólo a empresas de servicios o ETTs, sino también a las empresas turísticas que contratan sus servicios, pueden ir desde los 600 hasta los 100.000 euros por persona contratada en fraude de ley según algunas sentencias", continúan.
"Deseamos unas reglas limpias e iguales para todos, y sobre todo para la máxima calidad del servicio que deben prestar a nuestros clientes e instalaciones. Nos debe primar más la satisfacción del cliente que efímeras rebajas de coste", finalizan.
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