Una opinión que se suma a la defendida por el sector hotelero que cree que este tipo de negocios están contribuyendo al aumento de la economía sumergida.
En esta línea Andrés Encinas, presidente de la entidad, explica que "valoro muy positivamente este Decreto porque significa un avance en el proceso de regulación y cubre el vacío legal existente. Este tipo de alojamiento constituía una actividad impunemente liberada de obligaciones fiscales, de obligado cumplimiento para los alojamientos reglamentados, lo que supone un caso de flagrante competencia desleal". La postura de Encinas y de la AEPT es la también defendida por la CEHAT, que denuncia los efectos negativos que este tipo de hospedaje podría suponer para la seguridad de los consumidores y la imagen turística de España.
De otro lado se sitúan la Federación Española de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) y la Asociación de Gestores de Viviendas de Uso Turístico (Asotur) que han anunciado que estudian medidas legales para que el Decreto que, aún no se ha publicado en el Boletín Oficial de la CAM y, por lo tanto, no ha entrado en vigor, se modifique.
A pesar de que se valora positivamente un sistema de regulación de su actividad, la polémica surge en la exigencia de dicho Decreto de fijar las reservas en un mínimo de cinco noches. Un ‘añadido’ que no figuraba en el borrador del Proyecto de Decreto y que, sin embargo, se ha plasmado en el último momento y por sorpresa, según ambos organismos, que subrayan el increíble poder del ‘lobby’ hotelero. "Hemos de sospechar que el sector hotelero, con su posición de dominio, no ha querido renunciar a mantener su control en las reservas de corta duración", señalan desde Asotur.
