Las empresas se exponen a sanciones de hasta 30.000 euros en caso de infracción
El Ministerio del Interior ha pospuesto hasta el próximo 2 de diciembre la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. Hasta ahora, el plazo estaba fijado para el 1 de octubre, pero tras las quejas del Sector Turístico han decidido ampliar algo más este periodo.
Según el propio Ministerio de Interior, esta ampliación respondería a «razones técnicas para facilitar la interconexión y la transmisión de datos de los establecimientos situados en comunidades con cuerpos de policías autonómicos». Además, también confirman que el registro documental se implentará por la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos ante las amenazas terroristas y otros delitos cometidos por organizaciones criminales.
De cara a esta nueva ampliación, el Ministerio dirigido por Fernández-Marlaska ha establecido una nueva reunión el próximo 4 de octubre con los representantes del Sector para facilitar su adaptación a los requerimientos de la normativa y también de la plataforma. A esto, han añadido que en todo momento se ha mantenido «una interlocución permanente con los sectores afectados».
Ante esta nueva prórroga, José Manuel Lastra, vicepresidente ejecutivo de CEAV, asegura que «esta es la demanda que veníamos realizando desde todo el Sector de las agencias y también desde todos los estamentos de la industria, eso sí vamos a seguir exigiendo que se exima a las agencias de esta obligación debido a que se solicitan datos que ya son remitidos por los prestatarios de los servicios, por lo que obligar también a la intermediación supondría una duplicación de información innecesria para la seguridad».
Junto a esto, Lastra señala la cantidad despropocionada de datos que se exigen y que en la mayoría de casos no obran en poder de las agencias. «Si a todo ello, le añadimos que, para cumplir con la norma, habría que realizar desarrollos tecnológicos innacesibles para muchas empresas y más teniendo en cuenta que nuestro tejido está compuesto por pymes y micropymes, esto obligaría a destinar un tiempo que requeriría incrementos de costes y que pondría en peligro la viabilidad de muchas empresas y puestos de trabajos». Por último, según el alto cargo de la Confederación, el Turismo es una industria muy improtante para España y «las agencias receptivas y emisoras son un baluarte para el Turismo de calidad, no podemos ponerlo en peligro».
Reclamación de la Mesa del Turismo
Previamente a esta noticia, la Mesa del Turismo de España reclamaba también al Gobierno su suspensión. En este caso, alegaban la imposibilidad de cumplimiento de la norma para las empresas turísticas y el potencial conflicto con la Ley de Protección de Datos como justificaciones.
Comprendemos que el Ministerio de Interior y la Policía precisan de mecanismos de control para luchar contra la delincuencia y el terrorismo, pero éste no es argumento para exigir a golpe de decreto que miles de empresas se vean abocadas al caos administrativo y a la incertidumbre de si serán multadas cuando les sea imposible cumplir con las nuevas obligaciones del registro documental de viajeros, declaraba Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo.
