Así lo han afirmado el presidente de Hostecor, Antonio Palacios, el secretario general, Antonio Álvarez, y el vicepresidente de Hostales de Hostecor, Antonio Medina, quienes han puesto el acento en el hecho de que sus requerimientos de intervención y denuncias, ante el hecho de que "estamos ante un mercado negro brutal, que suma casi el 50% de los alojamientos de la ciudad", no han tenido eco alguno en las administraciones competentes, salvo incluso para empeorar la situación.
Así lo ha detallado Álvarez, quien ha explicado que, tras denunciar ante la Consejería de Turismo a los propietarios de viviendas particulares, que las alquilan por días, ya sea al completo o por habitaciones y en muchos casos con varias literas en una sola estancia, lo que han hecho estos propietarios es acogerse "a la figura de la vivienda turística vacacional, que no está regulada" y que les permite en la práctica seguir ejerciendo la actividad turística, pero sin pagar los impuestos propios del sector, sin pagar la Seguridad Social, sin cumplir la normativa en materia de consumo ni de seguridad y sin control ninguno.
Para empezar, se le está dando a viviendas particulares un uso distinto al residencial, que es el único para el que tienen licencia municipal de primera ocupación, algo que se ha denunciado por Hostecor ante la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, sin que ésta haya intervenido, como tampoco lo ha hecho la Subdelegación del Gobierno central en Córdoba, después de denunciar Hostecor que estos establecimientos ilegales, que en algunos casos ocupan "bloques enteros, que actúan como hoteles paralelos, y hasta con centrales de reserva (en Internet)", no cumplen tampoco con la obligación legal de dar a la Policía una relación de sus huéspedes, "con lo que eso implica en materia de seguridad ciudadana, por no hablar del peligro del terrorismo", según ha subrayado por su parte Medina.
Una huelga de hambre de 24 horas
De igual forma, estos alojamientos ilegales, "muchos de ellos de lujo y magníficamente situados en el casco histórico", no ofrecen ninguna garantía de respeto a los derechos del consumidor y no tributan, algo de lo que Hostecor también ha dado cuenta a la Agencia Tributaria, "para que aflore esta actividad ilegal de la economía sumergida, pague sus impuestos y no haga la competencia desleal" a las empresas legales del sector "que generan actividad económica, puestos de trabajo legales y que pagan sus impuestos", pero tampoco Hacienda ha tomado ninguna medida.
Por todo ello y ante el riesgo evidente de que esta situación, que ya está provocando el cierre de pequeños establecimientos hosteleros legales, conlleve un impacto aún mayor, con despidos y cierres a mayor escala, los hosteleros están dispuestos ha "hacer huelga de hambre durante 24 horas" en alguna de las administraciones a las que considera responsables de esta situación, por su inacción o tímida respuesta, como lo demuestra un expediente sancionador de la GMU de 1.500 euros, pero sin clausura, que se ha abierto, al cabo de un año de la denuncia, a un alojamiento ilegal con 50 literas.
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