El cese cautelar de las actividades de Uber en toda España, dictado por el Juzgado Mercantil de Madrid, se suma a las medidas adoptadas en Alemania, Holanda o Nueva Delhi, que intentan armonizar la llamada economía colaborativa con los derechos y deberes tanto de los profesionales y empresarios como de los consumidores y usuarios. Se judicializa así el conflicto surgido a raíz del auge del consumo colaborativo y que enfrenta a los profesionales (que cuentan con las licencias y pagan sus impuestos) con los aficionados que, sin contar con cualificación ni asumir fiscalidad alguna, han irrumpido en una actividad reglada.


