Esta medida, con la que se prevé un ahorro de 60 millones de euros, está recogida en el Real Decreto Ley de liberalización ferroviaria aprobado el pasado 20 de julio por el Gobierno, que contempla la división de Renfe en cuatro nuevas sociedades. Con esta reestructuración el Ejecutivo persigue reducir la deuda de más de 20.000 millones de euros de las tres empresas públicas ferroviarias, que además suman pérdidas de 447 millones de euros.
También se prepara a Renfe para la apertura del transporte ferroviario a otros competidores, lo que previsiblemente sucederá en julio de este año. A partir de dicha fecha todos los operadores distintos a Renfe podrán prestar este servicio y competir con la operadora pública.
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