La homologación de empresas proveedoras en palacios de congresos y centros de convenciones está generando un fuerte rechazo en los agentes y OPC organizadores de reuniones y ferias. La tendencia a contar con «proveedores oficiales» tiene dos objetivos: asegurar la calidad de los servicios que se prestan, e incrementar los ingresos de los recintos. El problema es que al organizador se le impone el trágala de que contrate con los proveedores homologados o, en caso contrario, asuma un sobrecoste, calificado de «impuesto revolucionario».

