Denuncia que podría suponer la apertura de expediente y graves sanciones pero, sobre todo, que pone la lupa del regulador de Competencia sobre parte de ese Sector, con lo que ello supone.
La información facilitada al regulador por Eurorutas, se refiere a seis aspectos, que reproducimos íntegra y textualmente:
1. A la gestión por parte del Ministerio de Fomento de los concursos públicos concesionales permanentes de uso general del transporte de viajeros por carretera, especialmente en el periodo 2012-19.
2. Al nuevo pliego de junio de 2019 regulador de los concursos para la adjudicación de los servicios concesionales de transporte público de viajeros por carretera permanentes de uso general de la titularidad del Ministerio de Fomento, en lo concerniente al contenido de cláusulas cuya validez ya fue censurada por la CNMC el 5 de junio de 2018.
3. A las presuntas irregularidades cometidas por el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad Autónoma de Madrid en la gestión de los servicios públicos concesionales de transporte de viajeros por carretera de la titularidad de la CAM y sobre la ilicitud de la pretendida prórroga de estas concesiones, que ha de ser, en su caso, otorgada antes de que finalice el presente año 2019 y que, de producirse, vendría a contravenir el Reglamento de la UE 1.370/2007, así como las SsTS 585 y 595/2016, de 14 de marzo, dictadas en supuestos similares habidos en las Comunidades Autónomas Valenciana y Gallega.
4. A las presuntas irregularidades cometidas en la gestión del transporte urbano que han venido a suponer severísimas restricciones a la competencia, infringiendo el principio de no discriminación, sin causa justificativa alguna que traiga su fundamento en los principios de necesidad y proporcionalidad, y, produciendo, de facto, reparto del mercado.
5. A la nueva directa ampliación de los plazos concesionales de los servicios públicos lineales permanentes de uso general, en el transporte interurbano, integrados en concesiones zonales titularidad del Principado de Asturias, efectuada en contravención de la normativa reguladora de la contratación pública, el Reglamento 1.370/2007 y las reiteradas SsTS 585 y sin que siquiera conste su publicación en el Boletín Oficial.
6. A las estaciones de autobuses e intercambiadores de titularidad pública, en tanto se aprecian en su gestión y explotación actuaciones potencialmente perturbadoras de la libre competencia.
Una denuncia ante la CNMC contra Administraciones y entidades de titularidad pública, que ha demostrado tanta contundencia cuando de empresas se trata, como tibieza si los infractores son Administraciones públicas. Y que podría tener unas imprevisibles consecuencias.
Que le sea útil. Ese es nuestro mayor interés.
