La imposición de un límite en el importe de la subvención que perciben los residentes en las regiones extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) para determinados colectivos (grupos, empresas y tarifas de turoperadores), que si nada lo impide será una realidad a partir del próximo 1 de enero, preocupa a las agencias de viajes de las zonas afectadas. «Es evidente que nos va a perjudicar«, lamenta el presidente de CEAV, Rafael Gallego, quien avisa del posible efecto dominó que podría traer consigo: el encarecimiento de precios, con el consecuente descenso de la demanda, previsiblemente se traducirá en una disminución de la capacidad aérea.
Pérdida de competitividad respecto a otros destinos nacionales
A su juicio, el recorte en las bonificaciones supone «un ataque directo a la línea de flotación de la economía de estas regiones», así como a la de las agencias de viajes. Además, vaticina que tanto Canarias como Baleares, donde el Turismo «es la primera industria», perderán competitividad por la previsible reducción de la oferta aérea.
Por todo ello, acusa al Ministerio de Fomento de aplicar «una medida inútil que solo servirá para perjudicar a ciudadanos y empresas no peninsulares». «Volvemos a pagar justos por pecadores, como ya sucedió hace cuatro años cuando nos obligaron a ir con el certificado de residencia», denuncia el máximo responsable de la Confederación. No obstante, confía en que «el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, rectifique y se replantee esta media».
Una medida absurda que no beneficia a nadie
También el presidente de la Agrupación empresarial de Agencias de viajes de Baleares (AVIBA), Toni Abrines, considera que «existen posibilidades reales de que Fomento dé marcha atrás» cuando compruebe «la poca eficacia» de los cambios que pretende aplicar. Además, confía en que la presión ejercida por los políticos de Baleares y Canarias, que van a presentar una moción en el Senado, surta efecto.
En su opinión, el establecimiento de límites a las bonificaciones «es una medida absurda» porque «no beneficia ni a Fomento, ni a las aerolíneas, ni a los consumidores». «El Gobierno no va a ahorrar dinero y no va a avanzar en la persecución del fraude», afirma Abrines. Por ello, sugiere la búsqueda de «fórmulas alternativas».
Además de la previsible repercusión negativa en los ingresos de las agencias extrapeninsulares, la nueva normativa impulsada por Aviación Civil también supondrá una carga adicional para los profesionales del Sector. Y ello a pesar de que algunas aerolíneas, como es el caso de Iberia, han comenzado a adaptar su acuerdo comercial con objetivo de hacer más llevadera la modificación.
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