Según la formación, supone una intromisión muy grave en la propia intimidad y privacidad de turistas
El Partido Popular presentará durante lo que queda de este mes de diciembre y el próximo mes de enero mociones en los próximos plenos de todos los ayuntamientos, diputaciones, consells, juntas generales y cabildos exigiendo la retirada inmediata del Real Decreto 933/2021. El PP también pide la elaboración de forma consensuada con el Sector y los distintos operadores de una nueva legislación que garantice la competitividad.
La moción denuncia la inseguridad jurídica que provoca el nuevo registro documental, la desproporcionada carga administrativa que comprende, la desventaja competitiva para España, la inadecuación de la tecnología diseñada y la vulneración del derecho a la propia intimidad y privacidad de turistas y usuarios que lastra de forma severa uno de los sectores capitales para la economía española como es el turístico.
Además, la formación política recuerda en la moción que el Gobierno ha aprobado el RD 933/2021 contra la opinión y los intereses del Sector y engañando a sus representantes, con quienes se comprometió el pasado 4 de octubre a llegar a un acuerdo. «Lejos de reunirse y acordar algo con ellos, ha impuesto un proyecto que ha entrado en vigor el pasado 2 de diciembre. Asimismo, el Ejecutivo no ha tenido en cuenta las reiteradas advertencias del Sector sobre los riesgos para los viajeros y para la reputación internacional de España», aseguran.
El PP entiende que esta ley provoca una fuerte inseguridad jurídica e ignora la complejidad operativa de recopilar tanta carga de datos, incluso antes de la prestación del servicio, lo que de hecho hace que sea «casi de imposible cumplimiento». Esta situación provoca una desventaja competitiva respecto del mercado europeo, ya que se imponen obligaciones a las empresas que las legislaciones nacionales de otros Estados europeos no imponen.
Plataforma del registro
El Sector denuncia también que la infraestructura tecnológica diseñada por el Gobierno español para poder cumplir las obligaciones de registro no funciona ni está operativa. Por su parte, añaden que la medida vulnera la normativa europea con la recolección y almacenamiento masivo de datos que no respeta el principio de mínima intervención y supone una intromisión muy grave en la propia intimidad y privacidad de turistas y usuarios.
Esta iniciativa, señalan, afecta a los ciudadanos españoles que hagan Turismo o se desplacen por cuestiones laborales dentro del país, ya que están igualmente obligados a proporcionar una cantidad de datos personales significativamente mayor a la actual al llegar a su alojamiento, afectando a su experiencia y vulnerando su privacidad.
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