Durante su comparecencia pública, Salado también ha indicado que el pasado año este recinto de Córdoba acogió 119 actos con 54.581 asistentes, frente a los 97 eventos celebrados el 2021. Asimismo, el responsable del espacio ha destacado que la duración media de los congresos ha sido de 2,8 días, mientras que el impacto ecónomico que la actividad ha tenido en la ciudad ha ascendido a 11,7 millones de euros.
A pesar del retraso en la finalización de sus obras, el Palacio cerró 2022 con 22 eventos más que en 2021
En relación a este 2023, la previsión es albergar 150 eventos con 70.800 clientes (condicionado al cumplimiento del plazo de entrega de las obras), que supondrán 14,8 millones de impacto económico en Córdoba. Precisamente, respecto a este inicio de ejercicio Salado ha querido destacar que arrancamos el año con 64 eventos cerrados ya, más del doble de los que se contaba al inicio del ejercicio anterior.
Otro dato significativo que se ha puesto de manifiesto en la presentación de esta memoria es que el de Córdoba es el único de los 94 palacios de congresos que hay en España cuya gestión y mantenimiento no cuesta ni un euro al contribuyente, ya que se trata del único recinto de estas características con gestión 100% privada.
¿Fin de las obras?
Junto a Salado, en la presentación de la memoria ha estado presente la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, María Dolores Gálvez, quien ha explicado que las obras de esta última fase han tenido una serie de situaciones sobrevenidas que han llevado a un retraso, porque el aumento de la inflación ha llevado a que algunas licitaciones quedaran desiertas y alargaran los plazos de la entrega. La delegada ha indicado que las actuaciones que hay pendientes se entregarán durante este primer trimestre de 2023, ya que nuestra intención es que el 31 de marzo estén terminadas.
Para concluir, Juan Salado ha mostrado su confianza en la sensibilidad de las instituciones para solucionar los perjuicios económicos que están causando los retrasos en las obras, que están poniendo en peligro la viabilidad del proyecto, al tiempo que ha asegurado que no es justo que la empresa concesionaria tenga que asumir a pecho descubierto el perjuicio por el retraso de un año y medio en la obra.
