La Agrupación Europea de Asociaciones de Agencias de Viajes (ECTAA) trabaja a contrarreloj para frenar la aprobación de la nueva Directiva de Viajes Combinados. Según ha podido saber NEXOTUR, la presidencia italiana del Consejo de la Unión Europea ha introducido una serie de disposiciones en el texto que limitarán el alcance de la normativa, favoreciendo a proveedores y a la venta online, y crearán una mayor fragmentación en los Estados miembros.
Para ECTAA, el cambio normativo que propone Italia "puede afectar gravemente a la competitividad de los organizadores de viajes y de la industria turística en general". Por ello, está intentando convencer a los Estados miembros, a través de sus 32 Asociaciones nacionales, de la importancia de posponer la votación hasta que se evalúe con exactitud el impacto económico que tendría la propuesta de revisión actual. También hace un llamamiento a la presidencia italiana para que "adopte un enfoque cuidadoso" y que no se apresure en la aprobación de la norma con el objetivo exclusivo de tenerla lista antes de que finalice el año y, por tanto, concluya su etapa al frente del organismo.
Interpretaciones de los Estados miembros
Según el texto al que ha tenido acceso este periódico, ECTAA muestra su "total desacuerdo" al enfoque de armonización mínima. Y es que la propuesta italiana da la posibilidad a los Estados miembros de decidir qué productos y servicios excluyen del ámbito de la Directiva de Viajes Combinados, algo que a su juicio solo servirá para aumentar la fragmentación, dificultando las operaciones transfronterizas.
Por otro lado, la propuesta limita, a juicio del lobby de agencias, el alcance de la normativa. Esto se debe a que, a diferencia del texto presentado inicialmente por la Comisión Europea, en el actual no quedan cubiertos por la directiva la combinación de varios servicios sueltos adquiridos en diferentes páginas web, lo que favorecerá a las empresas que operan en la Red.
También escaparán a las obligaciones de la Directiva de Viajes Combinados los organizadores ocasionales de ‘paquetes’ turísticos, como por ejemplo, los servicios adicionales que hoteleros venden a sus clientes. Para ECTAA "no hay justificación para dar un tratamiento especial" a este tipo de servicios, por lo que demanda "la plena inclusión" de los organizadores ocasionales.
Asimismo, el texto deja al margen a la venta de no más de un servicio de viajes por parte de proveedores de transporte o de alojamiento, siempre y cuando éste no suponga una parte importante del coste total. Por ejemplo, una compañía aérea podrá comercializar una visita guiada sin estar sujeta a los requisitos incluidos en la directiva. Para el lobby de agencias, el mantenimiento de está disposición "agravará la desigualdad de condiciones entre los proveedores de servicios y los intermediarios".
Situación insostenible para intermediarios
Desde el punto de vista de la relación organizador-consumidor, la normativa también pone en una clara situación de desventaja a los primeros. Por un lado, la nueva definición de ‘circunstancias inevitables y extraordinarias’ introduce el derecho del consumidor a cancelar su viaje aduciendo motivos de fuerza mayor personal. Es decir, podrán pedir el reembolso del mismo por enfermedad o la muerte de un miembro cercano de la familia. ECTAA recuerda que este tipo de situaciones ya están cubiertas por los seguros de viaje, por lo que dicha modificación pondrá en peligro a todo el mercado asegurador.
Por otro lado, la presidencia italiana introduce el derecho de desistimiento del consumidor en las 24 horas posteriores a la realización de la reserva, mientras que el proveedor de los servicios no tendrá dicha obligación. Por tanto, esto pondrá a los intermediarios en una posición insostenible, ya que se verán obligados a asumir el coste de la cancelación.
Finalmente, en el caso de cancelaciones por circunstancias de fuerza mayor, el texto propone que no sea necesario que estén sujetas a recomendaciones oficiales de organismos públicos. En este sentido, ECTAA advierte de que "la supresión de esta referencia sería muy perjudicial para las agencias de viajes y turoperadores", por lo que remarca que "se necesitan recomendaciones de viaje oficiales para evaluar la gravedad de una situación". De lo contrario "se producirán cancelaciones masivas y costosas demandas judiciales", sostiene.
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