El Gobierno ha decidido acudir al arbitraje obligatorio en el conflicto entre Iberia y el sindicato de pilotos Sepla por la creación de Iberia Express, según permite el ordenamiento jurídico, con el objetivo de "poner fin" a un conflicto que "está costando importantes ingresos para todos", tras meses de continuadas huelgas. En la rueda posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que este proceso implica el nombramiento de un árbitro entre las dos partes, que en el caso de no llegar a un acuerdo, será designado por el Ministerio de Fomento.
Designación de un árbitro
De esta forma, se abre un plazo para que ambas partes designen un árbitro, que será el encargado de redactar el correspondiente laudo. Sáez de Santamaría recuerda que el laudo arbitral será de obligado cumplimiento para las dos partes. La esperada decisión del Ejecutivo llega después del fracaso de la mediación del ex ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, que derivó en la convocatoria de 30 nuevos paros por parte del Sepla, de una huelga que empezó a mediados de diciembre.
La compañía aérea ha cifrado en tres millones de euros diarios el impacto de la huelga de sus pilotos, con lo que solo en este mes de abril, con siete jornadas de paros, las pérdidas alcanzarán los 21 millones de euros. Tras la decisión del Gobierno de imponer un arbitraje obligatorio, el Sepla ha decidido desconvocar los paros para "favorecer y facilitar la labor del árbitro" que se nombre.
