Ribera ha explicado, tras inaugurar el Foro Fingerplus, que en estos momentos la posibilidad de poder acometer esta actuación es en el supuesto de que se autorice la ejecución provisional de la sentencia, que declaraba nula la licencia de construcción. "Si esto ocurre antes del cambio del Gobierno, lo haremos con mucho gusto, si no, el proceso está en marcha, todo está listo y ocurrirá", ha vaticinado, al tiempo que ha pedido paciencia, como se tuvo hasta que se pudo derribar el hotel Atlanterra de Cádiz. "Tardó mucho pero ocurrió. Aquí, a mi juicio pasa lo mismo", ha apostillado.
Además, ha indicado que el Ministerio simpatiza "enormemente con Greenpeace en este campo", pero ha defendido que fue "precisamente" el Ministerio de Medio Ambiente el que frenó la construcción de El Algarrobico y el que advirtió de que era "dudoso el que aquello se pudiera construir ya en el año 87", cuando se informó en un informe preceptivo pero no vinculante sobre las normas urbanísticas de la zona, y que en el año 2004 frenó la construcción de El Algarrobico y puso de manifiesto que el deslinde dejaba al hotel dentro de la zona de servidumbre.
Respetar la legalidad
En ese sentido, ha apuntado que "como Gobierno" se debe respetar "al máximo" la legalidad actual de un proceso judicial, a pesar de que "como mucha gente" esté "deseando" que ese símbolo del litoral degradado español desaparezca. "No es el único pero sí un referente importantísimo, y otra cosa es que podamos hacerlo de cualquier modo", ha añadido. "No es una sentencia que nos permita entrar directamente a derribar El Algarrobico", ha puntualizado.
Para Ribera la sentencia emitida por el Tribunal Supremo es "importante" porque si el tribunal hubiera levantado la suspensión cautelar de la aplicación del plan (PORN), "no es descartable" que el promotor hubiera pedido el levantamiento de la suspensión cautelar para seguir adelante con sus planes a la espera del pronunciamiento definitivo.
Ha manifestado que aunque el alcalde de Carboneras pueda "hacer uso de todas las herramientas que ofrece el ordenamiento jurídico" el Gobierno considera que "se impone la Ley de Costas sobre todo el sistema". Esta es una de las causas, en su opinión, por las que todavía la Junta y el Gobierno no puedan entrar a derribar el hotel, por las posibles interposiciones de recursos. "Es una realidad jurídica compleja", ha reconocido.
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