El Gobierno ha dado luz verde al proyecto de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, con el que se modifica la Ley de Costas de 1998. Según apuntan desde el Ejecutivo, la nueva normativa "protegerá el litoral frente a los excesos urbanísticos, generará mayor actividad económica y proporcionará seguridad jurídica a los ciudadanos y empresas".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señala que los cambios introducidos "concilian la protección del medioambiente con actividades económicas sostenibles, nos liberan de atrocidades urbanísticas y nos dotará de herramientas para garantizar y mejorar la seguridad jurídica de los propietarios de viviendas en la costa", así como de quienes llevan a cabo actividades económicas "como es el caso de los chiringuitos". En este sentido, cabe resaltar que la nueva ley indultará a los chiringuitos costeros, cuyo futuro se había puesto en entredicho en la anterior legislatura. Sáenz de Santamaría, apunta que en España hay más de 3.000 chiringuitos "que suponen una peculiaridad de nuestra oferta turística y que solo en Andalucía generan más de 40.000 empleos".
El Gobierno apuesta por un marco regulatorio ‘más transparente’
Entre las medidas de protección del litoral, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, resalta que la ley refuerza la prohibición de nuevas edificaciones. No obstante, permitirá la modernización de las infraestructuras existentes, entre ellas las hoteleras, siempre y cuando no supongan un aumento de volumen, altura o superficie. A este respecto, el departamento que dirige Cañete resalta que con esta medida pretende evitarse "la degradación y mala imagen de edificios e instalaciones en la costa" debido, a su juicio, "a las excesivas limitaciones a las obras, lo que resta competitividad al Turismo español". El ministro precisa que en ningún caso habrá "una amnistía para edificaciones ilegales", sino que se establece "un marco regulatorio más claro y transparente".
También explica que la ley introduce la denominada ‘cláusula anti Algarrobico’, que regula la posibilidad que ahora tiene el Gobierno de suspender actuaciones urbanísticas ilegales en la costa para evitar situaciones irreversibles, dando siempre la última palabra a los tribunales. Además, se diferencian las playas urbanas de las playas naturales, incrementando la protección sobre estas últimas.
Respecto a las medidas para generar seguridad jurídica, el ministro señala que se clarifica el alcance del Dominio Público Marítimo Terrestre y se garantiza al ciudadano el acceso a la información actualizada sobre sus propiedades y otros derechos. Para ello, los bienes del dominio público marítimo-terrestre se deben inscribir en el Registro de la Propiedad. Finalmente, entre las medidas que tienen como objeto facilitar la viabilidad y sostenibilidad de las actividades económicas, destaca la ampliación de los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años.
