Rosa Díez expuso a la mesa del Congreso de los Diputados la siguiente ‘exposición de motivos’:
«El Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid situado en el Paseo de la Castellana lleva cerrado desde diciembre de 2012 debido a "un estado deficiente de conservación" cuando inicialmente se previó que el cierre fuera de tres meses. El Gobierno señaló en una respuesta por escrito fechada en febrero de 2014 que las obras de remodelación todavía no se habían iniciado, así como que no existía una previsión de que comenzaran próximamente, ya que la Junta de Distrito de Tetuán exigía a TurEspaña un proyecto que cumpla con el "Código Técnico de la Edificación" y que supone "en la práctica una rehabilitación integral del edificio".
El cierre de esta instalación no solo tiene repercusiones para los trabajadores del Palacio de Congresos y Exposiciones, sino que también repercute directamente sobre el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El Gobierno abona una media de dos millones de euros al año en el mantenimiento de esta instalación, recordemos que cerrada desde hace casi año y medio, así como pierde ingresos por valor de cinco millones de euros en concepto de su actividad normal, una pérdida de ingresos que es cuestionable cuando la inversión en rehabilitar el edificio puede amortizarse en pocos ejercicios.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo piensa el Gobierno terminar las obras y abrir de nuevo el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid?
2. ¿Cómo explica el Gobierno que existan mejoras pendientes y en retraso, que suponen un coste mínimo en relación a los beneficios que genera el Palacio de Congresos y Exposiciones?
3. ¿Es consciente el Gobierno de que la paralización de la actividad del Palacio de Congresos y Exposiciones supone una pérdida de cinco millones de euros anuales para las arcas del Estado?
4. ¿Es consciente el Gobierno que por su incapacidad para solucionar los problemas de esta instalación en el tiempo estimado está perjudicando seriamente al turismo de la ciudad de Madrid?».
Ante esta pregunta, el Gobierno de España ha contestado lo siguiente:
«TurEspaña solicitó licencia de obras en la Junta de Distrito de Tetuán para la realización de actuaciones puntuales en el palacio de Congresos de Madrid con el fin de mejorar la funcionalidad y la seguridad para las personas y los bienes en la explotación comercial de dicho edificio.
La Junta de Distrito de Tetuán envía escrito de contestación a TurEspaña en el que, entre otras consideraciones, concluye que con el fin de poder conceder la licencia de obras solicitada, se exige la presentación de un proyecto redactado por técnico competente que recoja, a partir del proyecto original, las sucesivas ampliaciones, demoliciones y modificaciones que ha sufrido el edificio, así como el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE).
El cumplimiento del CTE implica actuaciones en los siguientes apartados: Seguridad en caso de incendio, Seguridad de utilización y accesibilidad, Ahorro de energía, Salubridad, Media tensión, Baja tensión, Climatización, Fontanería, Ascensores y Protección del medio ambiente.
Las inversiones realizadas a lo largo de los año en el palacio han posibilitado que tanto los ascensores como las instalaciones de media tensión cumplan con la normativa vigente. No obstante, debido a la estructura del edificio proyectado en los años sesenta e inaugurado en 1970, no es fácil el cumplimiento, sin más, de los requisitos contenidos en los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación de 2006 que son de aplicación en el Palacio de Congresos.
Como consecuencia, es necesaria una cuantiosa inversión para producir esa adaptación de un edificio diseñado con otros requerimientos a las condiciones actuales exigidas por la normativa. Por tanto, no se trata de obras que supongan un coste mínimo, sino de una cuantiosa inversión que, en estos momentos, no es posible abordar.
No obstante, TurEspaña está trabajando en la determinación de nuevas posibilidades de gestión del palacio que permita a la ciudad contar con una infraestructura de calidad para la prestación de servicios en condiciones de funcionalidad y seguridad de acuerdo con la normativa vigente».
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