A preguntas de las partes, ha declarado que el cálculo de estructuras correspondía a una dirección integrada por cuatro técnicos, mientras que la dirección de obra estaba "diluida" entre todo el personal, a las "órdenes" de Calatrava. "Cada especialista tenía que cuidar la parcela de la obra de su responsabilidad; sería imposible que una persona con más de treinta obras en el mundo estuviera encima", ha dicho en alusión al afamado arquitecto, distinguido en 1999 con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.
Los asistentes implicados en el juicio han coincidido en señalar que los trabajos del palacio partieron de "un proyecto básico", que se fue completando con adendas y planos parciales. El aparejador, Carlos Fernández, ha explicado que no le correspondía la toma de decisiones, sino, la transmisión de información entre la dirección y las subcontratas. Por su parte, el responsable de la constructora Fiaga, Alberto Lago, ha señalado que su capacidad de reacción era "mínima" puesto que siempre estuvieron "al rebufo" de que llegaran los planos.
Además, ha reconocido que se trabajó "con premura" por la necesidad de cumplir compromisos "con terceros", entre los que ha citado a la empresa Multi Development. Al respecto, ha precisado que el ritmo de la obra "intentó acelerarse en todo momento" porque "cuanto más se dilata, más dinero cuesta", y ha asegurado que la relación entre Fiaga y la subcontrata Esdehor (responsable del hormigonado) era de "confianza absoluta".
El demandado ha considerado que el siniestro se produjo "por un fallo de la losa del edificio", de 28.000 kilogramos de peso, y no del doble apuntalamiento, que hubiera provocado un derrumbe "efecto dominó". En este sentido, ha recordado que antes del accidente la losa "no se apuntaló", porque "nadie lo mandó", mientras que durante la reconstrucción se apuntalaron todas las plantas.
El juez ve ‘injustificada’ la ausencia de Calatrava
El Juzgado de Instrucción número dos de Oviedo ha considerado "injustificada" la ausencia del arquitecto Santiago Calatrava de la vista en la que se trata de aclarar la responsabilidad de cada una de las partes en el derrumbe. En la primera sesión del juicio, su letrado, Sergio Sánchez, ha presentado un justificante escrito en inglés en el que supuestamente se acredita la imposibilidad de viajar de su representado por motivos médicos.
Por su parte, el juez se ha referido al artículo 304 de las leyes procesales, relativo al interrogatorio de las partes, en el que se recoge que la incomparecencia de la parte citada permite al tribunal considerar "reconocidos los hechos en que dicha parte hubiera intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial". Además, y aunque no es lo frecuente, se le pondría imponer una multa.
Al juicio han asistido el resto de demandados por la aseguradora Allianz, que reclama los 7,5 millones de euros que restan tras haber abonado a su asegurada, la sociedad Jovellanos XXI, 3,5 millones. Así, han prestado declaración el aparejador Carlos Fernández; Alberto Lago, por la constructora Fiaga, el responsable de la subcontrata Esdehor y el representante legal de la empresa de ingeniería In Hoc Signo Vinces.
