Asimismo, establece que los aeródromos cuya gestión, además, sea objeto de concesión, como Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, dispongan de "libertad tarifaria" sin más limitación que la que fijen las directivas europeas, según ha explicado el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Ridao. Este acuerdo es "histórico para el catalanismo", ya que refuerza el papel de la Generalitat catalana y la Comunidad de Madrid en las sociedades que gestionen ambos aeródromos, ha destacado Ridao.
El documento remarca que los representantes en los consejos de los gestores de los aeropuertos de alto volumen de tráfico y especial complejidad serán propuestos por parte de las Administraciones públicas y los sectores económicos, pero nombrados por AENA. Aunque el texto de la iniciativa no lo precisa, según Ridao, las Administraciones territoriales tendrán una "posición determinante" en decisiones sobre la fijación de estrategias de desarrollo, negociación de convenios bilaterales de transporte aéreo, o la gestión de slots y establecimiento y modificación de tarifas, "de acuerdo con las directivas europeas".
Para ERC, el que se hable de "posición determinante" hace irrelevante el hecho de que no se determina un porcentaje de participación de las Administraciones territoriales en las sociedades de gestión. A juicio de Ridao, el acuerdo se ha alcanzado tanto por la "presión política social y económica" de los ciudadanos, en especial los catalanes, como por las "exigencias a nivel europeo" en materia de gestión aeroportuaria y fijación de tasas.
De esta forma, el texto plantea que la "libertad tarifaria" de Barajas y El Prat solo estará limitada por el arbitrio de la Autoridad Estatal de Supervisión establecida en virtud de la transposición de la última directiva de tasas aeroportuarias. Dicha directiva la ha implementado el PSOE en el Senado a través de una enmienda a la Ley de Navegación Aérea.
Descuentos y recargos sobre las tarifas públicas.
Asimismo, la iniciativa fija que el régimen de contraprestación esté basado en un sistema de "precios privados" en todos los servicios que no sean considerados prestaciones patrimoniales públicas, para garantizar la libre competencia entre los distintos gestores. Dichos precios se fijarán bajo un régimen de consulta, transparencia y no discriminación.
Esto implica que se establecerá un sistema de prestaciones patrimoniales públicas que permita a los gestores aeroportuarios una mayor capacidad de individualizar y singularizar la gestión para cada aeropuerto. Todo ello a partir de la capacidad que se le otorgará a los gestores para proponer descuentos, recargos y bonificaciones individualizadas para cada aeropuerto sobre las tarifas públicas.
