Recordar que el pasado mes de abril, la empresa concesionaria (Centre de Congressos Internacional de Palma S. A.) emitió una nota de prensa en la que informaba sobre la decisión de instar a la nulidad del contrato de Concesión Administrativa. "Al no haber tenido respuesta desde la presentación de dicha instancia por parte del Ayuntamiento", el día 27 de mayo se envió a la constructora (Acciona) un escrito comunicándole la decisión de suspender provisionalmente las obras, "por un plazo de dos meses, desde día 5 de junio".
Finalmente, se llegó a un acuerdo entre las Instituciones públicas y la empresa concesionaria para no paralizar las obras de construcción del recinto y continuar con las acometidas. No obstante, Aina Calvo, ya advirtió que "a pesar del acuerdo la situación no estaba resuelta definitivamente puesto que se tenían distintos puntos de vista, sobre todo, en lo relativo a las cifras técnicas y económicas".
Tras varias meses, el asunto ha vuelto a aparecer, ya que la Sociedad Concesionaria interpuso el pasado 27 de septiembre un contencioso administrativo contra la resolución del consejo de Administración del Palau de Congresos S. A. (órgano de contratación) por el que éste desestimaba la solicitud de invalidez de contrato presentada por la empresa concesionaria.
El Ayuntamiento insiste en el contrato firmado con el Centre de Congressos Internacional de Palma S. A. en el que se modificaban algunos puntos del anterior convenio alcanzado con el grupo político que gobernaba en la ciudad antes de 2007. Principalmente, los cambios contractuales en el proyecto están relacionados con la construcción del Palacio de Congresos sobre dos terrenos, en lugar de sobre tres, ya que el tercero en discordia no es de titularidad municipal. Además, desde el consistorio apuntan que hasta ahora el único dinero invertido es público.
Deseo de ‘abandonar el proyecto sin responsabilidades’
Por su parte, las fuentes de Barceló Corporación Empresarial (principal miembro, junto con Acciona, de la Sociedad Concesionaria) indican que continúan con el deseo de instar a la nulidad de la concesión. "En junio llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento de no paralizar las obras a cambio de alcanzar un futuro entendimiento para abandonar el proyecto sin responsabilidades".
El problema es el momento económico actual, donde ni la iniciativa privada quiere cometer riesgos, ni las Instituciones pueden presupuestar grandes partidas de dinero para afrontar la promoción de una obra de este calibre. "Todos nos apretamos el cinturón", comentan desde Barceló.
"Nuestro principal objetivo es que el consistorio rescate la obra y, en ningún caso, queremos ir a juicio y prolongar en el tiempo estas disputas puesto que de ser así, el proyecto podría estar parado durante años", destacan desde la empresa. Finalmente, un asunto que preocupa es que el dinero invertido hasta el momento (íntegramente público), va a acabarse "pronto" (según la fuente consultada no "llegamos hasta finales de año"), por lo que de no alcanzar un acuerdo entre ambas partes, "la obra tendrá que paralizarse por falta de fondos".
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