Las banderas negras se otorgan tras la evaluación de los impactos producidos por la contaminación. En este sentido, se tiene en cuenta la existencia de vertidos, el funcionamiento de las depuradoras y la calidad de las aguas de los ríos que desembocan en el mar. También se evalúan los impactos por urbanización, atendiéndose al respeto a la normativa legal: Ley de Costas –Dominio Público Marítimo Terrestre y Zona de Servidumbre– y el impacto sobre los ecosistemas naturales y sobre los recursos naturales, sobre todo agua, suelo, biodiversidad y paisaje.
La parte "positiva", a juicio de la Federación Provincial, es el parón urbanístico provocado por la actual crisis económica que afecta especialmente al sector de la construcción. No obstante, "este tramo litoral sigue sufriendo, por una parte, la ocupación urbanística de la mayor parte de su trazado y, por otra, los proyectos de dilapidación de lo poco que queda libre".
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