Y a algunos políticos a actuar con lo público como si de empresas privadas se tratase. Para nadie es un secreto que la corrupción es la argamasa que da consistencia a candidaturas en grandes eventos, como los Juegos Olímpicos o el Campeonato Mundial de Fútbol. Que el voto de una de las grandes potencias mundiales valga igual que el del un pequeño estado dictatorial africano puede ser correcto, desde el punto de vista del COI o la UEFA. Pero posibilita la compraventa de votos y, en consecuencia, obliga a malas prácticas por parte de aquellos políticos que pretendan lograr la preciada nominación.
Esta deriva ha tenido dos de sus más escandalosos exponentes en las Comunidades Valenciana y de Baleares. En la primera, las corruptelas de la empresa facilitadora de estos eventos (un híbrido entre OPC, consultoría y agencia de viajes), además de haberle costado el cargo al presidente de la Generalitat, ha sido una rémora ante la opinión pública para el partido que gobernará España, afectando a parte de su Administración turística, y salpicando incluso a un gran evento religioso como la visita del Papa.
El segundo escándalo ligado a la captación y organización de grandes eventos —que, desgraciadamente, no será el último— afecta de lleno al Gobierno Balear. La implicación del presidente del Govern en las dádivas con dinero público a otro conseguidor, en este caso miembro de la Familia Real, ha salpicado a la Corona. La primera institución del Estado se ve, por tanto, seriamente afectada por este afán de autonomías y ciudades por atraer grandes eventos.
Así, el comprensible deseo de obtener los beneficios en materia de promoción de los grandes eventos —y el efecto multiplicador que genera sobre los destinos turísticos— está causando gravísimos problemas de Estado.
Lo que ahora sufren Baleares y Valencia es consecuencia de una deriva que se inició a finales de la década de los ’80, con la pugna de Barcelona y Sevilla para acoger los Juegos Olímpicos y la Expo. La extraordinaria repercusión mediática que las Olimpiadas de Barcelona obtuvieron en el mundo, generó a la ciudad una enorme rentabilidad como destino turístico que otras ciudades, como Madrid, quieren obtener.
Estos escándalos (y su repercusión en la opinión pública) ponen el foco sobre unas malas prácticas que, para dar frutos, han de ser opacas. ¿Es mejor aplicar rigor y transparencia (a costa de no tener opción a lograr la nominación) o, por el contrario, hemos de mirar hacia otro lado cuando los dirigentes hacen lo que hay que hacer para atraer un gran evento?… Es una difícil disyuntiva.
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