La huelga de taxistas en varias ciudades europeas ha pretendido denunciar la competencia desleal de Uber, una app (aplicación de telefonía móvil) que, tras bajarla gratis de Internet y con solo hacer un clic, localiza la ubicación del usuario y le envía un vehículo privado con conductor amateur, informándole previamente del chófer, el coche y punto más próximo de recogida. Algo similar a Blablacar, web que pone en contacto a quien desea desplazarse a cualquier destino para que, con el sostenible argumento de compartir gastos, viaje en automóviles privados cuyo propietarios van a hacer el mismo desplazamiento, pagando el precio previamente acordado.
Transportistas profesionales y taxistas se enfrentan así a una sangría de clientes e ingresos, compitiendo con particulares que no necesitan licencia alguna, no son profesionales de la conducción ni están dados de alta en Seguridad Social o como autónomos, y no pagan impuestos…
Una competencia desleal que, pese a serlo, tiene buena prensa y está bien vista por la sociedad y las autoridades.
El caso más preocupante es el del alquiler de viviendas, que se publicitan como alternativa al hotel a mitad de precio. Cataluña ya ha reconocido estos "alojamientos turísticos" (con esta misma denominación), para lo que se precisa solo un sencillo trámite administrativo.
Habida cuenta de la rapidísima implantación de estas iniciativas, a cargo de grandes compañías de Internet que cuentan con socios como Google y una privilegiada financiación, no es difícil prever que en años (o incluso meses) puedan arrebatar una importante cuota de mercado a la hotelería tradicional. De ahí la gran preocupación que suscita tanto en ciudades como en zonas turísticas, especialmente en urbes como Madrid que sufren fuertes caídas en la ocupación y pérdida de sus márgenes de rentabilidad.
La opinión pública aplaude al emergente consumo colaborativo, que cuenta con el respaldo de la mismísima comisaria de Agenda Digital de la Comisión Europea, que anima a "las partes a sentarse a negociar" y establecer un nuevo status quo, allanándole el camino.
Pero quién está detrás de esta iniciativa "de ciudadanos solidarios que sólo buscan un complemento a sus ingresos en plena crisis", están la Banca y sus promotoras inmobiliarias, rescatados con dinero público, para alquilar el enorme stock de viviendas invendidas.
¿Dónde queda la calidad de nuestra oferta turística o la seguridad y protección del consumidor y visitantes? ¿y qué efectos tendrá sobre nuestro producto turístico?
Que le sea útil. Ese es nuestro mayor interés.
Noticias relacionadas
