Consumo abrió en junio otra investigación sobre este tipo de viviendas
Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha puesto en marcha una nueva investigación sobre los conocidos como pisos turísticos. Esta investigación se dirige a empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas Comunidades Autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Por prácticas engañosas, la Ley de Competencia Desleal lo define en su Artículo 5 como cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico. Esta misma ley recoge en su Artículo 27 algunos supuestos de qué tipo de prácticas se considerarían engañosas, como por ejemplo «afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario».
Gestión irregular
La nueva investigación abierta por Consumo se centra en las operaciones de aquellos pisos turísticos que, incluso teniendo licencia, se estarían gestionando de forma irregular según la ley anteriormente mencionada por empresas de intermediación que operan en diferentes lugares de España.
De esta forma, desde el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, se ha vuelto a poner el foco en posibles prácticas irregulares dentro del negocio de los alojamientos turísticos, tras la investigación que Consumo abrió en junio sobre los anuncios que publican algunas plataformas de alojamientos que no disponen de licencia turística, siendo esta una práctica que también supondría una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
