El Decreto fue considerado una medida absolutamente necesaria para disminuir el aumento de la economía sumergida en el sector turístico, incluso para muchas de las viviendas que operan con licencia municipal. Es por ello que, según la Confederación, no alcanza a entender las razones por las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya recurrido esa Orden Ministerial diciendo públicamente que “el proporcionar esa información necesaria, es imponer a las entidades una carga sustantiva y que restringe la competencia”, así como la CNMC considera que algunos de los datos requeridos son innecesarios o desproporcionados.
Los que cumplen la legislación observan el trato favorable a las viviendas privadas de uso turístico
Normativas similares existen ya en países de la Unión Europea sin que hayan sido recurridos por una autoridad de competencia, ya que es más importante el interés general de todos los ciudadanos para acabar con la economía sumergida. En un comunicado difundido el jueves pasado por la propia Comisión Europea, figura que “la normativa fiscal actual no se concibió pensando en las empresas que operan a escala mundial, de forma virtual o que tienen escasa o nula presencia física, las empresas digitales tienen un tipo impositivo medio efectivo que es la mitad del de los sectores económicos tradicionales”.
La oferta turística reglada no puede admitir que se le otorgue una ventaja fiscal a los nuevos entrantes, cuando los que cumplen la legislación turística y han llevado a nuestro país a ser el líder mundial de competitividad, se ven obligados a hacer frente a una carga fiscal superior a la de muchos países competidores, y además observan el trato favorable y discriminatorio a las viviendas privadas de uso turístico, aseguran desde CEHAT.
El trato a las pymes
Cabe recordar que todas las pymes españolas están obligadas a dar esta información y que la mayoría de empresas hoteleras incluso tienen la obligación de transmitir inmediatamente todas sus facturas por vía telemática a los servidores de Hacienda, por lo que no se entiende esta oposición a proporcionar esta información por parte de las multinacionales que promueven el alojamiento privado.
CEHAT exige a la Administración que promueva una legislación para que todas las empresas tengan que cumplir con las mismas normativas fiscales, entre ellos el deber de información y considera que la legislación italiana o francesa, que obliga a las plataformas a recaudar e ingresar los impuestos, es la más apropiada para nivelar las reglas de juego.
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