CEHAT lamenta que lleva meses denunciando la desproporcionada carga burocrática
CEHAT reitera su preocupación ante la inminente entrada en vigor del nuevo Real Decreto 933/2021 sobre el registro de viajeros, destacando el impacto directo que tendrá sobre los turistas. «Esta normativa, que obliga a los establecimientos a recopilar hasta 31 datos tanto de los viajeros como de la empresa y la propia transacción, no solo podría vulnerar derechos fundamentales de privacidad, sino que también amenaza con complicar y entorpecer la experiencia de millones de visitantes que eligen España como destino», aseguran.
A tan solo semanas de su aplicación, la patronal hotelera española denuncia que el Gobierno no ha proporcionado aclaraciones sobre cómo se implementará esta medida, ni ha atendido las reiteradas advertencias del sector sobre los riesgos para los viajeros y para la reputación internacional de España.
CEHAT lamenta que lleva meses denunciando la desproporcionada carga burocrática que supondría el nuevo reglamento para los hoteleros y los turistas, obligándolos a entregar datos altamente sensibles, como detalles personales, profesionales y de sus desplazamientos. Este nivel de exigencia, que triplica los datos solicitados actualmente, podría provocar incomodidad, desconfianza y una percepción negativa de España como destino turístico.
Más perjuicios
Los viajeros que vienen a España buscan disfrutar de su tiempo de ocio, no verse inmersos en procesos administrativos intrusivos e interminables que ponen en riesgo su privacidad. Esta normativa no solo es innecesaria, sino que genera incertidumbre y erosiona la confianza en nuestra oferta turística, señala Jorge Marichal, presidente de CEHAT.
La Confederación recuerda que esta medida también afectará a los ciudadanos españoles que hagan Turismo o se desplacen por cuestiones laborales dentro del país, ya que estarán igualmente obligados a proporcionar una cantidad de datos personales significativamente mayor a la actual al llegar a su alojamiento, afectando a su experiencia de cliente y vulnerando asimismo su privacidad.
Además, el incumplimiento de estos requisitos podría derivar en sanciones de hasta 30.000 euros para los hoteleros, algo que añadiría presión a su trabajo diario y podría repercutir en el servicio ofrecido a los turistas, afectando negativamente su experiencia.
