Cerca de un centenar de agentes de viajes acompañaron a los representantes
Durante la jornada de FITUR del pasado 23 de enero, CEAV, UNAV, ACAVE y FETAVE, Organizaciones empresariales de agencias de viajes que representan a la totalidad del Sector, entregaron de forma conjunta al Ministerio de Industria y Turismo un manifiesto en contra del Real Decreto 933/2021.
La entrega se realizó en el stand de Turespaña a Ana Muñoz, directora de políticas turísticas de la secretaria de Estado de Turismo, debido a la ausencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, los cuales decidieron no participar en este acto, hecho que «lamentan muy profundamente» desde las Organizaciones.
Estas manifestaron su total rechazo a la normativa y al borrador de la Orden Ministerial que lo desarrolla: «No ha acogido la petición principal del Sector de exclusión total de agencias de viajes y operadores turísticos de su ámbito de aplicación y continúa vulnerando el principio de jerarquía normativa».
«La inclusión de las agencias resulta totalmente incorrecta e improcedente, pues la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de seguridad ciudadana, en su artículo 25.1, se refiere única y exclusivamente a las actividades de hospedaje y de alquiler de vehículos a motor, servicios que no prestan en ningún caso las agencias de viajes, sin que se mencione como posibles sujetos obligados a la agencias de viajes, a los operadores turísticos o a los intermediarios», argumentan.
Desde la entrada en vigor de la norma, según las Asociaciones, los medios administrativos de las agencias estarían colapsando, además de que estarían registrando muchos problemas operativos en la aplicación de la misma. «Hay que tener en cuenta que en España la mayoría de agencias son pymes y micropymes con un personal muy reducido», aseguran.
Afectación en el receptivo
También se teme una seria afectación comercial: los mercados internacionales están mostrando su preocupación por el elevado volumen de datos personales que el Ministerio del Interior exige comunicar, así como por el tratamiento que se realizará de los mismos.
Concretamente, se teme una caída de ventas y que desvíen reservas a otros destinos, con el consiguiente debilitamiento de España como destino, con especial afectación al Turismo de eventos.
