Las compañías de cruceros, y no el cliente final, "serán las grandes beneficiarias de las rebajas de las tasas portuarias", de entre el 5% y el 8,5% durante el presente ejercicio. Así lo denuncia CEAV, que argumenta que dichas bonificaciones tienen un alcance temporal de 12 meses, mientras que las navieras realizan sus cierres de itinerarios y correspondientes bloqueos de atraque con unos 24 meses de antelación. Por ello, entiende que los incentivos, estimados en 2,5 millones de euros en 2014, "serán un dinero público tirado al mar, ya que no logra su finalidad, impulsar el aumento del tráfico de cruceros".
A juicio de CEAV, este dinero "únicamente sirve para generar un mayor beneficio a las cuentas de resultados de las compañías navieras, sin que ellas mismas se percaten de estas bonificaciones hasta el momento del pago de los servicios a través de sus consignatarios". Por lo tanto, dichas reducciones en tasas portuarias no sirven como estrategia de captación y aumento en el tráfico de cruceros a nuestro país.
Plan estratégico de Fomento y Turismo
Con el objetivo de revertir esta situación, CEAV aboga, en primer lugar, por la creación de un plan estratégico común para el sector de los cruceros entre los Ministerios de Fomento y de Industria, Energía y Turismo. Para la Confederación, esta medida es "urgente" debido a que el segmento de los cruceros "solamente esta recogido en el Plan Estratégico de Marketing de TurEspaña con acciones muy puntuales, pero sin establecer las estrategias ni objetivos evaluables necesarios". En cambio, otros países del Mediterráneo cuentan ya con planes estratégicos de cruceros donde están involucradas las diferentes administraciones a todos los niveles, junto al sector privado.
En segundo lugar, CEAV solicita que las autoridades portuarias elaboren un plan de empresa, no de forma anual como viene siendo habitual, sino estableciendo unos objetivos con horizonte de cumplimiento superior a cuatro años. En esta línea, demanda que dicho plan sea consensuado con Puertos del Estado, lo que permitiría que los incentivos formasen parte de una estrategia nacional, evitando así la competencia entre los distintos puertos españoles.
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