CEAV prosigue con su labor para intentar frenar la centralización de la gestión de los viajes de la Administración General del Estado. A la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre su recurso contencioso administrativo, la Confederación ha iniciado una ronda de contactos con los distintos partidos políticos con el objetivo de trasladarles las "graves consecuencias sociales y de desempleo" que traerá consigo el megacontrato.
El primer encuentro ha sido con el PSOE, que ya el año pasado registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley exigiendo al Ejecutivo que negociase la futura centralización de los contratos públicos con los sectores afectados. Durante el mismo, los representantes de CEAV han asegurado al portavoz de Turismo del grupo socialista, Sebastián Franquis, que esta medida podría suponer "la desaparición de muchas pequeñas y medianas empresas españolas". Además, sostienen que el contrato unificado no tendrá "efectos reales en términos de competencia, ni de ahorro para la Administración".
La Administración podría limitar la competencia
CEAV también incide en que a larga este sistema de contratación "podría generar sectores con rasgos de oligopolio o crear situaciones de fijación de precios incluso superiores a los que existían con múltiples licitantes". A su juicio, es "paradójico que, mientras que las autoridades de defensa de la competencia actúan para promover su garantía frente a abusos de posición dominante o acuerdos anticompetitivos, en este caso sea la propia Administración la que pueda estar favoreciendo la limitación de la competencia".
Por último, la Confederación solicita que en un futuro, decisiones de gran calado como ésta "sean fruto de un proceso de diálogo con las asociaciones empresariales sectoriales", para así "evaluar sus posiciones sobre las consecuencias en cada sector". Al respecto, Franquis ha mostrado su preocupación, comprometiéndose a profundizar en esta cuestión "en la próxima legislatura, ya sea desde el Gobierno o desde la oposición".
Como publicó NEXOTUR, Viajes Halcón se hizo con el megacontrato, valorado en 70 millones y de una duración es de dos años (prorrogable uno más). La firma del mismo se producía días después de que el Tribunal Administrativo Central rechazara los recursos interpuestos contra la adjudicación por parte de Viajes El Corte Inglés, Nautalia y Viajes Barceló.
Un total de siete grandes empresas se habían presentado al concurso convocado por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, con el que el Estado persigue ahorrar costes en los traslados de funcionarios y empleados de 13 ministerios, 79 organismos públicos y cinco entidades gestoras y servicios de la Seguridad Social. El concurso estaba dividido en cuatro lotes y Halcón se hizo con todos ellos.
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