El responsable autonómico ha resaltado que la denominada Ley de medidas urgentes "ha permitido que numerosos proyectos de utilidad pública encuentren acogida en instrumentos de planeamiento habilitados con celeridad". Berriel ha explicado que esta normativa permite a las instituciones superar determinadas limitaciones que habían establecido las Disposiciones Transitorias del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales de Canarias y de la de Directrices, que impedían, por ejemplo, continuar con la tramitación de planes de desarrollo, sus modificaciones o la revisión de determinaciones en suelo urbano no consolidado o consolidable de Planes Generales.
Ley de medidas urgentes
En el caso del desarrollo del sector turístico, el consejero ha recordado que la Ley de medidas urgentes moduló la moratoria turística prohibiendo durante cinco años a partir de su vigencia clasificar nuevo suelo urbanizable sectorizado con destino turístico, es decir, que concretó el objetivo de no consumir suelo que no estuviera ya clasificado previamente para el turismo durante el quinquenio siguiente. Ahora bien, la propia norma articulaba una decidida incentivación a las iniciativas de rehabilitación y renovación de las instalaciones e infraestructuras turísticas y a la mejora de la calidad de las explotaciones turísticas al ofrecer alternativas al destino del suelo de uso turístico que tuviesen derechos urbanísticos consolidados y hubiesen visto aplazada su ejecución en virtud de la moratoria.
Esta alternativa se ha visto concretada con el desarrollo de los denominados planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística, que prevén la realización de más de 80 intervenciones de rehabilitación en colaboración con la iniciativa privada, con todo lo que esto supondrá para la reactivación económica de las islas y, en especial, para un sector tan afectado por el desempleo como el de la construcción, ha detallado el consejero.
