A petición del Parlamento Europeo y de los Estados miembros, la Comisión Europea ha aprobado un informe sobre el uso de escáneres de seguridad en los aeropuertos de la Unión Europea (UE), en el que se evalúan las repercusiones de la utilización de dicho método. La Comisión aboga por establecer normas comunes en toda la UE que aseguren a los ciudadanos los mismos derechos y garantías en todo el espacio comunitario.
El informe realizado a petición del Parlamento Europeo por el vicepresidente y comisario de Transporte, Siim Kallas, deja claro que los escáneres corporales representan un método "fiable y eficaz" para detectar objetos peligrosos y los considera una herramienta para "reforzar" la seguridad de los aeropuertos. En opinión de Kallas, estos equipos ofrecen una "verdadera posibilidad de reforzar aún más la seguridad de los pasajeros", pero advierte de que "no son ninguna panacea".
El uso de los escáneres y el tipo de equipos, en cualquier caso, es competencia de los Estados miembros y "eso no va a cambiar", según Kallas, quien lamenta que los escáneres se empleen de manera "diferente" en cada país debido a que su regulación "queda fuera de la normativa de la UE". Por ello, insiste en que "cuando se emplee, esta tecnología deberá estar regulada por normas de la UE, con unas salvaguardias comunes que garanticen el cumplimiento de las disposiciones en materia de salud y derechos fundamentales de la UE".
Ensayos en la UE
A raíz de la tentativa terrorista de hacer estallar explosivos durante el vuelo Amsterdam-Detroit el 25 de diciembre de 2009, el uso de escáneres de seguridad se ha incrementado y sigue siendo objeto de ensayos en varios Estados miembros de la UE. Actualmente, los escáneres de seguridad en sí se sitúan fuera del ámbito de aplicación de la normativa de la UE en materia de seguridad de la aviación, y se regulan mediante un mosaico de disposiciones de los distintos Estados miembros.
Países como Reino Unido, Países Bajos, Francia e Italia ya han recurrido a este tipo de sistemas, pero Bruselas insiste en la conveniencia de establecer "normas comunes" a los Estados miembros antes de que se extiendan los escáneres, para evitar así la "fragmentación de los derechos fundamentales" de los ciudadanos. El Gobierno español ha reiterado que no implantará escáneres en los aeropuertos nacionales hasta que la UE haya adoptado una decisión en este sentido.
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