Bruselas ya ha presentado en 2007 un plan para crear un registro comunitario de datos de pasajeros aéreos que quedó bloqueado por la falta de acuerdo entre los ministros del Interior de los Veintisiete. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa hace algo más de un año ha obligado a la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, a actualizar esta iniciativa. En España ya se guardan los datos de los pasajeros aéreos de fuera del espacio sin fronteras Schengen desde marzo de 2007.
En su propuesta original, el Ejecutivo comunitario quería obligar a las compañías aéreas a entregar un total de 19 datos que se conservarán hasta un máximo de 13 años para realizar análisis de riesgos y poder identificar a sospechosos de atentados terroristas. El registro tendría un carácter descentralizado y las aerolíneas suministrarían la información a la autoridad nacional competente a la que designe cada Estado miembro, con lo que después los países tendrían que compartir datos y los análisis de riesgo que se hicieran a partir de ellos.
Sólo estarían cubiertos los vuelos entre la UE y un país tercero y a la inversa, y no los intracomunitarios. Entre los datos que tendrían que entregar las compañías aéreas se encuentran el nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico, número de tarjeta de crédito o itinerario del pasajero.
