En este sentido, argumenta que una contabilidad clara es la única manera de determinar cómo se gasta el dinero público y si se utiliza con fines distintos de los previstos. De hecho, aclara que las disposiciones vigentes actualmente en España no excluyen que fondos públicos abonados en concepto de obligaciones de servicio público en el transporte de pasajeros se dediquen a subvencionar otros servicios de transporte.
A su juicio, el modelo español podría estar provocando que el resto de proveedores de servicios no tengan capacidad para competir en igualdad de condiciones. Por ello, la Comisión Europea ha enviado un dictamen al Gobierno español y advierte de que, a falta de una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, puede llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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