Asimismo, se fija como objetivo impulsar «la imprescindible sustitución de la dependencia que al referido operador estaban sometidas multitud de empresas, por soluciones alternativas más vinculadas a la sociedad de la información, la digitalización y con una mayor diversificación a las que estas empresas deben adaptarse con carácter inmediato». Las actuaciones responden, principalmente, a un principio de temporalidad y atienden a todas las Comunidades afectadas, especialmente a Canarias y Baleares por ser territorios singularmente afectados.
Se aprueba una línea de financiación de hasta 200 millones de euros
En el real decreto-ley se establecen medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en Turismo, comercio y hostelería para empresas con centros de trabajo en Baleares y Canarias. También se contempla que el Servicio Público de Empleo Estatal y las Comunidades autónomas coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la protección por desempleo y la ejecución de sus políticas activas de empleo para dar respuesta a la situación de los trabajadores afectados por esta situación excepcional.
Por otro lado, se disponen medidas de apoyo financiero al Sector Turístico consistentes en instruir al Gobierno para que apruebe una línea de financiación de hasta 200 millones de euros a fin de atender las necesidades financieras de los afectados. Asimismo, se establece, con el objetivo de recuperar la pérdida de conectividad, consolidar la diversificación y mejorar el destino, la concesión directa de subvenciones por importe de 15 millones de euros a Canarias y de ocho millones de euros a Baleares.
A través del Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística, el Gobierno apoyará financieramente los proyectos que desarrollen las empresas turísticas orientados a la adaptación y mejora de la competitividad, en especial aquellos que contengan actuaciones de digitalización, innovación y modernización de los servicios, poniendo a disposición de las empresas hasta 500 millones de euros. La ejecución de esta iniciativa se canalizará con cargo al FOCIT, adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo, y su administración financiera será llevada a cabo por el Instituto de Crédito Oficial.
Por otra parte, la Secretaría de Estado de Turismo, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las Comunidades autónomas, llevará a cabo medidas generales de información a las empresas que afronten la recuperación de deudas en el marco de procedimientos de insolvencia de empresas del grupo Thomas Cook. Y finalmente, el Ejecutivo destinará cerca de 1,5 millones de euros a Segittur, con el fin de apoyar la transformación de los destinos en el marco de la Estrategia de Destinos Turísticos Inteligentes.
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