Se trata de una batería de nuevas medidas presupuestadas con un total de 1.350.000 euros anuales que tienen como objetivo prioritario minimizar esta oferta sumergida y evitar que imponga y arraigue en la ciudad, ya que es económicamente insostenible e irrespetuosa con la legislación vigente y que genera la expulsión de vecinos de los barrios más afectados.
Detectar y sancionar
Entre los objetivos de las medidas que contempla el plan están detectar la actividad ilegal, a través de observadores que trabajarán con colaboración vecinal; medidas de inspección y sanción, así como medidas de colaboración interadministrativa y medidas normativas.
Algunas de estas medidas se han desarrollado en el seno de la Mesa de Trabajo de Viviendas de Uso Turístico del distrito de Ciutat Vella, y ahora se extienden a toda la ciudad. El equipo de Gobierno, pues, dice así «intensificar con este plan de choque la lucha contra los Huts ilegales y suma esfuerzos en la gestión del turismo en la ciudad y los efectos que genera».
La voluntad de este paquete de actuaciones es «contribuir a hacer compatible la actividad turística con el día a día de los vecinos y vecinas, garantizar el acceso a la vivienda de la ciudadanía y evitar alteraciones del orden público».
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