Baleares promueve una iniciativa legislativa, en formato de Decreto Ley, para equiparar los derechos de los viajeros navales a aquellos que utilizan el transporte aéreo. Se trata de garantizar el derecho de los usuarios a recibir toda la información necesaria sobre el precio, el trayecto, las horas de salida y llegada, el buque y los servicios prestados a bordo —entre ellos, los de movilidad reducida—. Y, por tanto, las indemnizaciones a las que estarían sujetos en caso de incidencias, como retrasos o cancelaciones de los mismos, tal y como ya ocurre con el transporte aéreo. No obstante, hay que tener en cuenta que las quejas por parte de los pasajeros en caso de retraso en los trayectos marítimos es mínima —uno de cada tres afectados reclama, según datos de Consumo de Baleares—.
En la actualidad, las navieras "no tienen la obligación específica a informar sobre este tipo de derechos, y consideramos que es importante para el usuario, como elemento de protección al consumidor", señala el director general de Consumo del Gobierno Balear, Diego González. "Nos referimos sobre todo al ámbito de la información y en algunos casos, a la de la compensación", es decir, a ser atendido de una manera "gratuita" en caso de retrasos o suspensiones que no sean causados por "una fuerza mayor, sino motivos propios de la compañía", sostiene el director general de Consumo.
En este sentido, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), Pedro Iriondo, apunta que "los puertos actuales no reúnen los requisitos y comodidades esenciales para el viajero en caso de sufrir algún retraso prolongado". Asimismo, señala que la mayoría de compañías marítimas "no tienen responsabilidades ni obligaciones a atender a los viajeros en estos supuestos, como sí ocurre en caso del transporte aéreo".
Elevación de la norma al ámbito estatal y europeo
Tratándose de tan sólo un decreto, "no podemos equipararlo por completo a la ley que actualmente regula esta cuestión en el transporte aéreo", afirma González. No obstante, una vez haya sido aprobado, el objetivo final es ese, "impulsar una futura ley estatal y un posterior reglamento europeo, para que el usuario del transporte marítimo goce de unos derechos claros, similares a los del aéreo", señala González.
Cabe mencionar que, aunque parezca increíble, el derecho a la información por parte de los viajeros de medios de transporte marítimo se regula, en la actualidad, mediante el Código de Comercio de 1885. Es por ello que desde Comunidades en las que el transporte por barco es habitual, como es el caso de las islas, estén siendo las primeras en dar el paso para actualizarlo. Asimismo, González recuerda que la de Baleares "no es una iniciativa pionera en España, sino que Canarias ya cuenta con su propia legislación" a este respecto.
