La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), ha anunciado que considera «de gran interés» el proceso de consulta pública iniciado por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, sobre el futuro proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de las Viviendas.
El plazo para la consulta pública se mantendrá abierto hasta el 26 de noviembre
En este sentido, la patronal considera que «aunque la vivienda vacacional no es, en modo alguno, el único responsable, también influye en el incremento de precios y en la reducción de la oferta de vivienda para uso residencial», y destacan que «los propietarios de viviendas que quieren desarrollar en ellas un producto turístico también deben estar sujetos a normas que regulen cuántas, dónde y de qué forma se puede llevar a cabo su explotación turística».
Asimismo, la asociación considera un acierto las cuatro jornadas informativas celebradas en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria por parte del director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Rodríguez, y señala que tan solo lamenta «el cierto revuelo y ruido provocado por algunos propietarios individuales que han asistido a estas jornadas para tratar de derivar el debate hacia sus negocios particulares en el turno de intervenciones».
Crecimiento «descontrolado» de las viviendas vacacionales
Así, el incremento de las viviendas vacacionales en Canarias, que el Gobierno cifra ya en casi 196.000 plazas frente a las 367.000 de la oferta reglada, pone de manifiesto según Ashotel «que ese crecimiento se ha hecho sin una regulación clara que tenga en cuenta criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental.
Añaden que este fenómeno de la vivienda vacacional «se ha desarrollado sin una normativa clara y está provocando problemas de gentrificación y turistificación en muchos núcleos de población y ha desplazado a muchas personas trabajadoras del sector turístico a otras zonas más alejadas de sus puestos de trabajo, con el consiguiente problema añadido de la movilidad por carretera».
Por ello, la patronal hotelera insiste en que cree «más que necesaria» una regulación que «deje patente en qué zonas puede desarrollarse esta actividad, en cuáles no y qué requisitos deben cumplir estas viviendas de uso turístico».
