El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha presentado en comisión parlamentaria el Plan de Inspección Turística de Andalucía 2026 (PIPA 2026), al que ha definido como un instrumento esencial para garantizar el orden, la legalidad, la convivencia y la calidad en una de las principales industrias de la comunidad.

Durante su intervención, Bernal ha subrayado el carácter estratégico del plan y ha rechazado que tenga un enfoque recaudatorio. “No es un plan recaudatorio ni mucho menos, confiscatorio. Es un instrumento de ordenación enfocado al control de la actividad turística con el objetivo de universalizar y normalizar la calidad del sector”, ha afirmado.

El consejero ha ilustrado su planteamiento con una metáfora: “Un buen partido de fútbol no es aquel en el que el árbitro pita más faltas, saca más tarjetas o expulsa a algún jugador por no haber cumplido las normas de juego. El mejor partido siempre coincide con aquel en el que el árbitro deja jugar porque los futbolistas han cumplido”.

Bernal ha defendido que la inspección turística forma parte de la gestión ordinaria de un sector estratégico, ya que garantiza el cumplimiento de las normas, protege a quienes operan dentro de la legalidad y contribuye a la convivencia y a la calidad del destino. En este sentido, el PIPA 2026 establece cuatro grandes líneas de actuación: control normativo, lucha contra la clandestinidad, protección de los derechos de los usuarios y una línea de información y asesoramiento.

“Somos firmes frente al incumplimiento, pero claros y pedagógicos con quien quiere hacer las cosas bien, que en este sector son la inmensa mayoría”, ha señalado Bernal, insistiendo en que el asesoramiento, el control previo y la disuasión son pilares fundamentales del modelo.

El plan contempla actuaciones sobre el funcionamiento ordinario de establecimientos y servicios turísticos, incluyendo la verificación de requisitos de inscripción, condiciones de prestación, información al usuario y garantías de calidad y seguridad. Además, incorpora programas específicos de control sobre comercialización y publicidad en el entorno digital para asegurar que la oferta difundida sea veraz y corresponda a servicios registrados.

En materia de derechos de los usuarios, el PIPA 2026 refuerza la gestión de denuncias y reclamaciones con el objetivo de ofrecer respuestas más ágiles y eficaces ante posibles incumplimientos, mejorando así la protección del consumidor.

Uno de los ejes principales del plan es la lucha contra la clandestinidad en los alojamientos turísticos, concentrando al menos el 30% de las actuaciones en esta línea. Bernal ha destacado la cooperación institucional como base del modelo, con convenios ya firmados con ciudades como Sevilla, Málaga, Granada o Córdoba, entre otras, y varios acuerdos más en tramitación.

Asimismo, ha anunciado avances en la colaboración con la Policía Nacional, a través del grupo TITAN, para reforzar las actuaciones conjuntas y mejorar la eficacia frente a actividades irregulares, junto con el uso de herramientas tecnológicas para la detección de oferta ilegal en entornos digitales.

Más claves

Durante su comparecencia, Bernal ha vinculado el plan con la futura Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, actualmente en tramitación parlamentaria, que reforzará el marco normativo con más medios, mayor claridad regulatoria y un régimen sancionador más exigente.

La nueva ley permitirá sancionar la prestación clandestina de servicios turísticos con multas de entre 10.000 y 100.000 euros, pudiendo alcanzar hasta 600.000 euros en los casos más graves, como la obstrucción a la inspección o la falsificación documental. Además, se contempla la prohibición de presentar una nueva declaración responsable durante un año para la misma actividad.

“El objetivo es claro: que la ley y el nuevo modelo de control previo disuadan conductas ilegales y clandestinas”, ha concluido el consejero, quien ha añadido que el PIPA 2026 actúa sobre todo el sistema turístico andaluz con un enfoque proporcionado y coherente. “Hablamos de un plan que permite que la actividad turística funcione con normalidad, con garantías y con confianza. Ofrece seguridad jurídica a la industria y certeza a los andaluces”, ha finalizado.