También se ha actualizado el sistema informático del Registro de Turismo de Andalucía
Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, ha informado que la región ha cancelado cerca de 10.600 Viviendas de Uso Turístico (VUT) desde febrero de 2024, “en una estrategia de control y regulación que busca garantizar la legalidad y la calidad del alojamiento turístico en la comunidad”.
La Junta ha reforzado su política de inspección con medidas concretas que incluyen más cancelaciones, más control y más colaboración institucional. Entre las acciones más relevantes, destaca el inminente respaldo de un equipo especializado de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía asignada a la Comunidad Autónoma, que trabaja sobre el terreno junto a los inspectores turísticos para detectar actividades ilegales.
“Las cancelaciones son la garantía de que quien no cumple no puede operar. El objetivo es claro: que el servicio que se presta sea reglado, en igualdad de condiciones con hoteles, hostales o apartamentos turísticos. Cuando un turista reserva en Andalucía, tiene derecho a encontrar una vivienda segura, legal y que cumple la normativa”, ha subrayado Bernal.
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Al mismo tiempo, se han firmado convenios de colaboración con ocho municipios —Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera, Almería, Alhaurín el Grande y El Puerto de Santa María—, y hay otros 23 en tramitación, lo que permitirá compartir datos, coordinar actuaciones y reforzar la eficacia de las medidas desde el ámbito municipal y autonómico.
Una de las mejoras más destacadas es la actualización del sistema informático del Registro de Turismo de Andalucía. Este nuevo sistema ahora ofrece avisos preventivos a los ciudadanos que intentan registrar una VUT en áreas con limitaciones urbanísticas. En localidades como Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Chiclana y El Puerto de Santa María, donde se aplican restricciones, se genera automáticamente una advertencia sobre las posibles consecuencias legales y el inicio inmediato de un expediente de cancelación. “Esto supone menos burocracia y más seguridad jurídica para el ciudadano”, ha enfatizado Bernal.
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