La industria aérea, causante del 2,4% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, está en el punto de mira del activismo ecológico europeo, cuyas campañas de presión han desembocado en la propagación del término la vergüenza de volar entre parte de la ciudadanía europea. A su vez, determinadas fuerzas políticas han planteado en los últimos meses diferentes acciones que irían en contra de los intereses de la aviación y, por ende, de la actividad turística.
La decisión de eliminar una ruta debe producirse desde la legislación europea
En el caso concreto de España, cabe destacar dos propuestas. Primero fue el Ayuntamiento de Barcelona el que sugirió eliminar el puente aéreo que une Madrid y Barcelona para reducir las emisiones. Poco después fue el turno de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que dejó la puerta abierta a la aplicación de nuevas tasas e impuestos.
¿Qué opina al respecto la Asociación de Líneas Aéreas (ALA)? En relación al primer planteamiento, la organización que preside Javier Gándara aclara, en primer lugar, que «el transporte aéreo en Europa está liberalizado desde 1993, por lo que el marco regulatorio actual garantiza que todas las aerolíneas comunitarias pueden operar cualquier ruta dentro de la Unión Europea sin ningún tipo de limitación». «La decisión de eliminar una ruta, por lo tanto, debe producirse desde la legislación europea«, subraya.
ALA también explica que «actualmente existen ciertas limitaciones que afectan a la operativa actual de los diferentes métodos de transporte y que impiden la transición completa de un modo a otro, como, por ejemplo, la falta de intermodalidad completa». «El hecho de que los operadores ferroviarios no ofrezcan un tratamiento de los equipajes en conexión similar al aéreo, entre otros aspectos, hace que suprimir el puente aéreo solo propicie que los pasajeros con vuelos de largo ratio vuelen a través de hubs fuera de España«, prosigue.
Asimismo, recuerda que » se ha producido una transición natural del sector aéreo al ferroviario en las rutas donde hay una alternativa en tren«. Como conclusión, advierte que «suprimir el puente aéreo en el contexto actual solo mermaría la competitividad y conectividad del sistema aeroportuario español, y no contribuiría a reducir la huella de carbono del sector».
Una tasa verde no sería eficiente
En relación a la idea hecha pública por Teresa Ribera, ALA afirma que «una tasa verde aplicada a nivel nacional o europeo no sería eficiente«. En su opinión, «el sector aéreo es parte de la solución», algo que «ha quedado demostrado con el enorme trabajo desarrollado por las compañías aéreas para mejorar su eficiencia y así reducir su impacto ambiental».
Por este motivo, se muestra favorable a una política de «incentivación de buenas prácticas», en vez de una basada en la penalización. Por último, sostiene que «de nada serviría si en España reducimos las emisiones y en el resto del mundo no se hace nada», por lo que aboga por medidas globales y no por acciones aisladas que «lo único que provocarían es la pérdida de competitividad» del país que las implante.
