Respecto a la situación de las conexiones entre la Península e islas españolas, Navío asegura que el handicap es que estos destinos tienen un nivel de población bastante reducido que "no garantiza la viabilidad económica de muchos de los enlaces". A este respecto, recuerda que las compañías aéreas son entidades privadas y, en consecuencia, deben tener beneficios en su actividad y que si se quiere incrementar frecuencias, ello implica un sobrecoste. Por esta razón, Navío considera que si se establecen obligaciones de servicio público "ese coste añadido lo tendría que abonar la Administración".
Por su parte, en su intervención, el presidente de FEAAV, Rafael Gallego, ha tildado de "locura" la propuesta del Gobierno balear de sustituir el descuento aéreo para los residentes insulares (basado en la ayuda del 50% de la tarifa) por un modelo de precio fijo y cerrado. Así, aboga por establecer un control más riguroso del actual sistema de bonificaciones.
En este sentido, Gallego considera que de hacerse efectiva, esta medida supondría "perder derechos" por parte de los ciudadanos. Tras ahondar en la necesidad de establecer un mayor control en el actual sistema de bonificaciones a los residentes, el presidente de la Federación ha recordado que el modelo del 50% sobre la tarifa del trayecto ha mejorado la movilidad en los traslados de los ciudadanos insulares a la Península.
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