El pasado día 9 de mayo el Imserso comunicaba a Mundiplan la imposición de una penalización de casi dos millones de euros por la cancelación de al menos 2.304 viajes del programa del Imserso por la falta de disponibilidad de las plazas hoteleras comprometidas. Se trata, según el acuerdo de resolución al que ha tenido acceso NEXOTUR, de una cantidad equivalente al 1% del importe de la adjudicación del contrato, IVA excluido.
El tercer apercibimiento ascendería a cerca de 10 millones de euros
Pues bien, si se produjese un segundo apercibimiento, el Imserso aplicaría a la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Iberia, Alsa, IAG7 y Gowaii, una penalización del 3% del citado importe, por lo cual ascendería a casi seis millones de euros. Mientras tanto, en caso de que hubiese un tercero, la multa se elevaría hasta el 5%, es decir, prácticamente 10 millones. Dichas cantidades, al igual que los cerca de dos millones de la primera penalización, se deducirían de oficio por la Administración al hacer efectivo el abono correspondiente.
¿Existe la posibilidad de que se revoque el contrato?
Según el documento al que ha tenido acceso NEXOTUR, solo será causa de resolución del contrato si el incumplimiento afectase a alguna mejora o a algún compromiso asumido en la oferta de la UTE que determinó la adjudicación del contrato del Imserso a su favor. En este caso se consideraría «incumplimiento de una obligación contractual esencial», lo que implica la pérdida del mismo.
No obstante, en una entrevista concedida a este periódico, el propio director general del Imserso, César Antón, aclara que «esto sería lo peor para todos«. «Las personas no viajarían, el Sector no se beneficiaría, etc.», apunta. Además, revela que «la anulación de un contrato público no puede ser unilateral». «Tendría que ser una causa muy grande y debe aprobarlo el Consejo de Estado», sentencia.
